Después de 40 años de explotación de carbón en Cerrejón, La Guajira, ya comienzan los preparativos para el cierre de las operaciones de extracción del mineral por parte de la empresa suiza Glencore, matriz de Carbones del Cerrejón, cuya duración del contrato vence en el año 2034 y al parecer, no hay interés del citado operador minero de continuar con prórrogas o extensión del referido contrato en el departamento de La Guajira.
Todo principio tiene su fin en la Ley natural de la vida, de ahí la importancia de estar preparado, enfrentar y aprovechar tormentas y oportunidades en las ocasiones en que tengan lugar, no dejando que las cosas pasen por alto y terminen beneficiando a extraños que le sacan el jugo, dejando en segundo o tercer plano a sus legitimarios fraccionados, unos desinteresados y otros amangualados, al servicio de quienes explotan nuestra riqueza.
En La Guajira, antes de iniciar las explotaciones, estábamos ignorantes o neófitos, lo que originó un espejismo aturdidor, por sueños de maravillas, tendientes a cambiar estilos de vida, con prosperidad eterna. Se comentaba progreso por todas partes, con las promesas divulgadas por directivos de la entonces asociación Carbocol-Intercor, que asumieron las explotaciones a partir del año 1986 por el término de 15 años. Se estableció la compraventa de predios, la cual conllevaba desalojos y reubicaciones de los derechos de propietarios, por las buenas o por las malas, generando brotes de violencia.
Las fincas se compraban a precios irrisorios, con amenazas de expropiaciones y pagos a valor catastral, apoyados por autoridades administrativas y judiciales, favoreciendo los abusos, atropellos y arbitrariedades de las multinacionales, sin validez de defensas neutralizantes. Mientras por la venta de una hectárea de tierra, era comprada de manera forzosa por menos de un millón de pesos, seguidamente era incorporada a la explotación por un valor superior a los 10 millones sin que hubiese creado un organismo mediador que sirviera garantías en favor de los propietarios desprotegidos, por no estar preparados en el referenciado asunto minero, comunitario y social. A los intermediarios les iba mucho mejor económicamente, que a propietarios y poseedores de predios.
Mientras la empresa Carbones del Cerrejón, anuncia la programación del desmonte operativo de extracción de carbón, en cumplimiento de la vigencia contractual en La Guajira, algunos dirigentes políticos y gremiales oran y rezan para que el operador minero, no se vaya en pedidos de clemencia. ¿Se hundirá o descenderá a pobreza extrema La Guajira, porque terminan las explotaciones de carbón? “No hay mal que por bien no venga”.
El retiro de la explotación de carbón en el año 2034, dejará a favor de La Guajira y la nación una formidable infraestructura de transporte marítimo, férreo, aéreo y terrestre; todos los servicios domiciliarios: agua, energía eléctrica, telecomunicación y otros; complementado con una Zona Franca industrial, habilitada para operaciones de comercio internacional, de importaciones y exportaciones. En la citada zona bien puede utilizarse en ofertas, espacios prediales para las instalaciones de empresas de producción industrial aprovechando el comercio de energía barata, ahorro en costos de transporte, facilidad de salida al mar y extender conexión en el transporte férreo de carga hacia otros departamentos factibles en competitividad.
Los socavones que dejen las explotaciones y no alcancen a reforestar, se pueden utilizar para la incorporación de paneles solares, para producción de energía, las demás áreas territoriales deben utilizarse para agricultura, en extensiones de cultivos tecnificados de alimentos y ganaderías.
Antes que estar lamentando por la despedida de la empresa Carbones del Cerrejón, lo mejor sería que los parlamentarios que nos representan de manera unificada en la Cámara y el Senado, socialicen con el ejecutivo, Presidencia, e impulsen un proyecto de Ley que defina el monto porcentual en participación de beneficio sobre los bienes y servicios asociados en operaciones de industria y transporte, diferentes a minería, en La Guajira.
Todos los predios de todas las operaciones del Cerrejón deben obligatoriamente regresar y devolverlos conservados al Departamento y la nación; sin que las diferentes estructuras operativas de servicios, sean desmontadas. Estas deben ser utilizables de manera razonable y rentística en favor de las citadas entidades territoriales para concesionar el exterritorio minero, con conglomerado de China, a manera de ejemplo o cualquier otra nación que se interese en la oferta de un macro proyecto de negocio, que supliría el impacto que generará la salida de Cerrejón.
Se necesita por Planeación Nacional, de manera mediata, contratar los estudios de prefactibilidad en los cambios, modificaciones y diseño de servicios operativos, supletivos y adhesivos. Una tarea para congresistas, dirigencia política y gremial del Departamento peninsular. Es pertinente identificar, regular propiedad y derechos territoriales, antes que terminen apropiados por otros usurpadores, ni dejar perder los bienes e intereses que por derechos nos corresponde, por efecto reivindicación formal y no debemos dejarlos perder por desidia, falta de sentido de pertinencia, descuido y abandono.








