La Unidad Nacional de Protección (UNP) puso fin de manera definitiva a los esquemas de seguridad asignados al creador de contenido Beto Coral, la activista Gabriela Muñoz y a la exfuncionaria Juliana Guerrero, luego de concluir los estudios técnicos de riesgo correspondientes.
Las evaluaciones determinaron que ninguno de los tres cumple actualmente con los niveles de amenaza, vulnerabilidad o peligro extraordinario establecidos por la normativa para justificar la continuidad de escoltas y vehículos financiados con recursos públicos.
De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, los tres dispositivos representaban un gasto cercano a $40 millones mensuales, destinado a personal de protección, vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos.
En el caso de Muñoz, quien había recibido protección tras reportar presuntas intimidaciones ante la Fiscalía, la UNP estableció que las condiciones de riesgo inicialmente identificadas ya no permanecían activas. La entidad aclaró que la Fiscalía solicitó un estudio de seguridad, no la asignación directa de escoltas.
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Guerrero, vinculada a investigaciones de la Fiscalía por presuntos títulos académicos falsos y una supuesta red de contratación estatal, también perdió las medidas tras la revisión. La exfuncionaria ha negado los señalamientos relacionados con presuntos cobros irregulares.
En cuanto a Beto Coral, la UNP explicó que su esquema fue activado tras su deportación desde Estados Unidos, antes de completar la evaluación técnica requerida. El análisis posterior tampoco encontró elementos suficientes para mantener la protección.
