La economista Carolina Soto decidió declinar el nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), luego de la controversia que generó su designación y de la inconformidad expresada por el Gobierno Nacional. Su salida desató críticas desde distintos sectores políticos hacia el Ejecutivo.
La Presidencia de la CCI estaba ocupada por María Consuelo Araujo, quien fue designada como embajadora de Colombia en Estados Unidos por el presidente Abelardo De La Espriella. Ante la vacante, el mandatario habría propuesto una terna integrada por Tatiana Orozco, la exministra de Transporte Natalia Abello y Sandra Gómez, expresidenta de Findeter y esposa del ministro de Justicia, Iván Cancino.
Según medios nacionales, el Gobierno había advertido que no respaldaría un nombre diferente a los incluidos en esa terna, situación que no habría sido comunicada a la Junta Directiva de la Cámara. Sin embargo, al mediodía de este martes, el organismo designó a Carolina Soto para ocupar la Presidencia Ejecutiva, decisión que provocó una fuerte reacción del Gobierno y de varias empresas constructoras.
En medio de las presuntas presiones, Soto inicialmente agradeció la designación. No obstante, ante el creciente inconformismo, la Junta Directiva le solicitó que diera un paso al costado, decisión que finalmente tomó durante la mañana de este miércoles.
A través de un comunicado, Soto explicó que decidió declinar el ofrecimiento debido a la oposición que generó su nombramiento. También destacó que la CCI representa un sector fundamental para la economía y que requiere coordinación con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. Además, hizo un llamado a preservar la independencia de las decisiones del sector privado y a que estas sean respetadas por el Gobierno.
La situación también generó una reacción de su esposo, el exministro y excandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien cuestionó lo ocurrido y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representa el autoritarismo para el sector privado, independientemente de su orientación política. Gaviria sostuvo que el desprecio por la ley y por unos límites mínimos de decencia debe ser enfrentado sin importar el color político del Gobierno, y señaló que el poder desbordado puede resultar peligroso para la democracia y las instituciones.
El caso ha provocado pronunciamientos y críticas de diferentes sectores políticos, que cuestionan la forma en que se produjo la declinación de Carolina Soto.
