El antropólogo wayuu y docente de la Universidad del Norte, Weildler Guerra Curvelo, expresó cuestionamientos al decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la Línea Negra, al considerar que vulnera la autonomía territorial del pueblo wayuu y desconoce decisiones previas del Consejo de Estado.
Durante una entrevista concedida a Cardenal Stereo, el investigador explicó que la Línea Negra existe y ha sido reconocida desde décadas atrás mediante normas nacionales e internacionales para proteger sitios sagrados de los pueblos de la Sierra Nevada. Sin embargo, aseguró que el principal problema surgió tras la ampliación de estos espacios de 54 a 348 puntos mediante el decreto 1500 de 2018, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Según Guerra Curvelo, dicha expansión se realizó sin consulta adecuada al pueblo wayuu, comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, afectando territorios colectivos y zonas estratégicas de La Guajira.
El antropólogo sostuvo que el nuevo decreto del Gobierno Nacional va más allá de la protección de sitios sagrados y establece mecanismos de gestión territorial y ambiental que podrían incidir sobre proyectos económicos y de desarrollo en el departamento, entre ellos iniciativas relacionadas con puertos, transporte de gas, parques eólicos e hidrógeno verde.
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Asimismo, advirtió que varias comunidades wayuu no fueron informadas plenamente sobre el alcance de la medida y calificó el proceso de consulta adelantado por el Ministerio del Interior como una “consulta exprés” presuntamente llena de irregularidades.
Guerra Curvelo enfatizó que la controversia no representa un conflicto entre el pueblo wayuu y las comunidades de la Sierra Nevada, a las que calificó como “pueblos hermanos”, sino una discusión relacionada con la autonomía, la territorialidad y el respeto a la igualdad entre pueblos indígenas y grupos étnicos.
Finalmente, señaló que las comunidades wayuu tendrían la posibilidad de demandar el decreto ante las instancias judiciales correspondientes, al considerar que contradice lineamientos previamente establecidos por el Consejo de Estado y afecta derechos territoriales y culturales del pueblo wayuu.
