La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, recuperará su libertad luego de que el Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento determinara que se configuró un vencimiento de términos dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión del despacho judicial se fundamentó en que transcurrieron 329 días sin que el juicio oral iniciara formalmente, superando así los plazos establecidos por la ley. El juez señaló además que el proceso debió comenzar hace cerca de 89 días, situación que ya había advertido previamente cuando negó una solicitud similar presentada por la defensa de Ortiz meses atrás.
La exfuncionaria fue acusada por la Fiscalía de presuntamente servir como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos provenientes de recursos de la UNGRD a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con el propósito de «facilitar el trámite de proyectos impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro».
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Según la investigación, los recursos entregados ascenderían a cerca de 4.000 millones de pesos.
Durante audiencias anteriores, Ortiz aseguró haber recibido presiones para involucrar a ministros del actual Gobierno. Incluso, afirmó que funcionarios de la Fiscalía le habrían advertido sobre posibles imputaciones y medidas restrictivas si no entregaba información o conversaciones que comprometieran a integrantes del gabinete presidencial.
