En un nuevo episodio que evidencia la persistencia de la violencia en corredores estratégicos del país, un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue incinerado tras una emboscada armada en la vía que comunica los departamentos de Cesar y Norte de Santander.
El ataque ocurrió el pasado 2 de mayo en el sector de Sanín Villa, zona rural del municipio de Río de Oro, cuando una comisión del Inpec realizaba el traslado de una persona privada de la libertad desde Santa Marta con destino a Ocaña. De acuerdo con información preliminar, hombres armados interceptaron el automotor, obligaron a los funcionarios a detenerse y los despojaron de sus armas de dotación antes de prender fuego al vehículo.
Pese a la gravedad de la acción, las autoridades confirmaron que los guardianes resultaron ilesos y no se registraron víctimas entre la población civil. Sin embargo, persisten versiones encontradas sobre el paradero del recluso trasladado, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a los hechos.
El ataque, que habría sido planeado con antelación, quedó registrado en videos grabados por testigos que se encontraban en establecimientos cercanos a la carretera, donde se observa el vehículo envuelto en llamas.
Hipótesis preliminares apuntan a que esta acción podría estar relacionada con retaliaciones de grupos armados ilegales frente a recientes capturas o movimientos de internos en la región, aunque las autoridades no han confirmado aún a los responsables.
El ministro de Justicia rechazó el ataque y aseguró que se adelantan investigaciones para esclarecer la autoría y las circunstancias del hecho.
“Rechazo el ataque contra guardianes del @INPEC_Colombia en la carretera que de Santa Marta conduce a Ocaña, en operativo de traslado de un privado de la libertad. Les fue robado el armamento e incinerado el vehículo. No hubo víctimas fatales ni lesionados. Se investiga autoría”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo.
Este episodio se suma a otros recientes hechos de orden público en el país y vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en las vías nacionales, especialmente en regiones donde confluyen economías ilícitas y disputas territoriales.
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