No cabe duda. El sistema de prestación de salud a las comunidades wayuú ha mejorado. La explicación tiene su fundamento, en que en la región operan algunas EPS, que han construido sinergia con los conglomerados étnicos, que ha permitido estrechar las largas brechas que existían entre estos núcleos poblacionales, y la sociedad arijuna.
Por eso, la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia está dejando de ser un ajuste institucional para convertirse en una amenaza concreta en territorios vulnerables como La Guajira. Aquí, donde la pobreza, la dispersión geográfica y la débil infraestructura sanitaria marcan la vida cotidiana, el impacto golpea con mayor dureza, especialmente a los pueblos dispersos que habitan el desierto y la zona montañosa.
En este Departamento, una parte significativa de la población depende del régimen subsidiado y de EPS que, con todas sus fallas, han servido como intermediarias para garantizar acceso a servicios básicos. La salida de estas entidades va a generar un vacío que no logrará conjurarse de forma rápida.
Los traslados de usuarios, la desorganización administrativa y la falta de claridad sobre la continuidad de tratamientos están poniendo en riesgo a miles de pacientes.
La situación es más delicada en el caso de comunidades indígenas. Existen EPS con alta presencia o enfoque hacia población wayuú que habían logrado, al menos parcialmente, adaptarse a sus realidades culturales y territoriales. Su desaparición no solo implica un cambio de asegurador, sino la ruptura de procesos de atención construidos en contextos complejos, donde el idioma, la distancia y la cosmovisión influyen directamente en la prestación del servicio.
A esto se suma una red hospitalaria limitada. Municipios como Uribia o Manaure, y amplias zonas rurales de Riohacha y Maicao, se carece de la capacidad suficiente para responder a una demanda creciente sin una adecuada articulación. Sin el respaldo operativo y financiero de las EPS, el riesgo de colapso en la atención primaria y en los servicios de mediana complejidad es cada vez más evidente.
Otro factor crítico es el transporte de pacientes. En un territorio extenso y con dificultades viales, muchas vidas dependen de traslados oportunos hacia centros especializados. La incertidumbre sobre quién asume estos costos tras la liquidación de las EPS agrava el panorama.
La reforma al sistema de salud puede ser necesaria, pero en La Guajira no admite improvisaciones. Sin un plan de transición sólido, diferencial y concertado con las comunidades, el proceso puede profundizar las brechas existentes.
Lo que está en juego no es solo la reorganización del sistema, sino la vida de miles de guajiros. Para el pueblo wayuú, además, significa el riesgo de quedar aún más lejos de un servicio de salud digno y culturalmente pertinente.