La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos en contra de la comunidad Wayuu y otras poblaciones del departamento de La Guajira entre 2002 y 2006, informó la Fiscalía General de la Nación.
La sentencia, emitida este lunes 19 de enero, se enmarca en el proceso transicional de Justicia y Paz y reconoce múltiples delitos como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y actos de violencia basada en género perpetrados bajo el mando de estructuras armadas vinculadas al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El fallo también contempla una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, con la posibilidad de una pena alternativa de ocho años si se cumplen obligaciones de verdad, reparación y no repetición.
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Delitos imputados y reconocimiento de víctimas
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos por los que fue condenado Mancuso ocurrieron entre 2002 y 2006 en diversos territorios rurales de La Guajira, especialmente a través del Frente Contrainsurgencia Wayuu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las AUC que actuó bajo las directrices de sus máximos cabecillas.
La sentencia responsabiliza a estas estructuras de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia basada en género e infracciones graves contra la población indígena wayuu y otras comunidades, hechos que incluyeron incursiones armadas en rancherías y agresiones físicas prolongadas.
Las comunidades Wayuu y otros grupos afectados han sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva, lo que abre la puerta a medidas que incluyen acciones de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición como parte del proceso de justicia transicional.
Contexto y proceso judicial
Salvatore Mancuso fue uno de los principales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia antes de su desmovilización, liderando operaciones en el norte del país durante el conflicto armado.
Tras ser extraditado a Estados Unidos, cumplió una condena de 15 años por narcotráfico y regresó a Colombia en 2025 para responder ante la justicia transicional por los crímenes cometidos durante su jefatura paramilitar.
Tras su retorno al país, el Gobierno nacional de Gustavo Petro lo designó como gestor de paz, una figura contemplada para facilitar aportes a la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado, nombramiento que generó amplio debate público y reacciones desde distintos sectores sociales y políticos.
