El año 2025 cerrará con un mar lleno de fe y muchas esperanzas pero como siempre, con promesas incumplidas en donde incluso se destinan dineros para ejecutar proyectos que no se ejecutan, especialmente en territorios donde más se necesitan como la Alta Guajira.
Esta es una tierra llena de contrastes naturales en donde todo lo tenemos pero no lo disfrutamos ni aprovechamos para mejorar nuestra calidad de vida.
Hay que reconocer que tenemos avances institucionales recientes y contamos con una mayor visibilidad nacional e internacional, pero persiste una deuda histórica en materia de infraestructura básica y obras estratégicas que continúan aplazadas.
Hablar de las obras pendientes no es un ejercicio de pesimismo, sino una obligación ética con una región que no puede seguir viviendo de anuncios ni de promesas reiteradas.
El primer gran pendiente sigue siendo el acceso sostenible al agua potable, aunque desde hace cuatro años la confianza comienza a renacer por la forma como la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira – Esepgua- gerenciada por Andreina García Pinto, ha venido dando claras muestras de proyectar y ejecutar obras en zonas recónditas del inmenso desierto habitado por las comunidades wayuú en donde ya, en algunos casos se cuenta con el preciado líquido de forma continua.
Para el 2026 se requiere más respaldo del nivel central a fin de ejecutar un trabajo mancomunado con el esquema territorial, en donde se incremente la capacidad de inversión, frenando la atomización de recursos y mostrando resultados aislados, sin mayor incidencia en la solución a los problemas profundos.
Se necesita aunar esfuerzos, no en el papel, como dice la mayoría de contratos oficiales, si no en la realidad, parar armar un sistema estructural que garantice agua continua y de calidad, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas.
No es justo que, pese a tener los recursos, obras como el anillo vial para la Alta Guajira se ejecuten a paso de tortuga sin existir razones de fondo. La terminación de este proyecto es de suma urgencia.
Otro frente crítico es la energización de amplios sectores que carecen de este servicio, como el Cabo de la Vela, en donde se tiene una planta termina que funciona por horas, pese a ser epicentro de proyectos eólicos y solares.
A los territoriales se les ha querido dejar la carga social de obras vitales, pese a que es un compromiso, que insistimos, debe ser compartido con el Estado Central, sin protagonismos pero bajo una vigilancia permanente y eficiente de los órganos de control y la lupa de la sociedad civil.
