La Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía General de la Nación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en una audiencia que sigue desarrollándose ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El respaldo del Ministerio Público se dio este 15 de diciembre de 2025, durante la audiencia en la que se analiza si los dos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro deben quedar cobijados con medida de aseguramiento en lugar de residencia mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, fueron imputados el 1 de diciembre por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, por su presunta participación en un entramado que direccionó millonarios contratos en la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
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Desarrollo del Proceso:
La audiencia de medida de aseguramiento se reanudó este lunes 15 de diciembre ante la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la imputación de cargos se realizó a principios de mes y la diligencia quedara pendiente para su continuación.
Durante la sesión, el delegado de la Procuraduría sostuvo que la detención domiciliaria responde a criterios de necesidad, urgencia e idoneidad, como parte de las garantías del proceso penal, y reafirmó los argumentos presentados por la Fiscalía, que busca evitar posibles interferencias en el curso de las investigaciones.
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían actuado como parte de una organización delincuencial que desvió recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República, mediante el direccionamiento de contratos y convenios por un monto total que supera los 612 mil millones de pesos entre la UNGRD e Invías.
En la audiencia, los exministros han mantenido su posición de no aceptar los cargos imputados, y sus defensas han tenido la oportunidad de intervenir para presentar argumentos a favor de revocar o impedir una medida restrictiva de su libertad.
La magistrada Rosero evaluará las posiciones de la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas antes de tomar una decisión de fondo sobre la medida de aseguramiento, cuya definición se espera antes de que termine la etapa judicial prevista para el 18 de diciembre de 2025.
