No existen palabras para expresar el dolor que causa la trágica muerte de Shelsy Michelle Navarro Ojeda, una menor de tres años que de un momento a otro desapareció y terminó en manos de un joven de 14, acusado de ser su presunto agresor y que fue entregado a un grupo al margen de la Ley que lo asesinó asumiendo justicia por mano propia.
El drama nos habla de una sociedad enferma que necesita empezar a mirarse de otra manera para que los niños y niñas crezcan seguros y felices, pero también para entender y brindar apoyo a esos otros que crecen en hogares disfuncionales, en medio de la pobreza extrema y acompañados de bandas que encuentran en la violencia una forma de vida.
No es sano que la población civil entregue a un agresor a grupos delincuenciales creyendo que así se hace justicia, porque Colombia es un Estado Social de Derecho en donde los delincuentes son juzgados y castigados.
Se entiende la desconfianza de la comunidad en las instituciones, pero resulta muy peligroso creer que quienes causan terror y son autores de masacres pueden actuar como jueces para castigar.
En este caso es importante que las autoridades continúen con la investigación para determinar exactamente las causas que llevaron a la trágica muerte de Shelsy Michelle, una niña de tan solo tres años, y la alegría de unos padres que no entienden por qué les arrebataron de esa manera a su mayor tesoro.
La Fiscalía debe poner especial interés a este tema, inicialmente para recuperar esa confianza en la comunidad, y para que la familia de la menor sepa verdaderamente que los llevó a vivir tan lamentable tragedia.
Es vital recordar que los menores requieren de una especial protección, y es urgente que desde las familias y la institucionalidad los rodeen para protegerlos del peligro que acecha en el territorio, y que tiene que ver con la descomposición social que se vive en el país asociada a la pérdida de valores, el consumismo, la violencia, la exclusión entre otros.
Este episodio que enluta a una familia guajira no puede volver a repetirse, las autoridades están en el deber de avanzar en la investigación, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe dar una respuesta a este hecho lamentable.
El llamado también a la comunidad para que evite hacer justicia por sus propias manos.
Tomás Felipe Molina, doctor en Filosofía de la Universidad de Granada (España), en un artículo del periodista Juan Miguel Hernández Bonilla, plantea que “se puede entender la frustración y la ausencia de justicia, pero los linchamientos son un retroceso civilizatorio”, dice Molina. Y añade: “La civilización implica vivir en paz con los demás. Quienes infringen las leyes también tienen derecho a la justicia, un avance de la democracia que se pierde con este fenómeno”. Mestre recalca que no se puede avalar esta conducta. “Desde el punto de vista democrático es indefendible el linchamiento. Es obvio, pero vale la pena repetirlo: la venganza y la justicia por propia mano están prohibidas”.