La Defensoría del Pueblo confirmó este sábado la muerte de seis niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por las disidencias de las FARC bajo el mando de alias «Iván Mordisco», durante una operación de las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare. En el lugar también fueron hallados cuatro cuerpos más que permanecen sin identificar.
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El organismo advirtió que la muerte de menores en acciones armadas constituye una señal de grave preocupación y recordó que, incluso en contextos de confrontación, la protección de la niñez es una obligación ineludible del Estado. La entidad enfatizó que la presencia de menores en campamentos armados (aun cuando hayan sido forzados a asumir funciones de combate) no los convierte en objetivos legítimos.
De acuerdo con la Defensoría, el Derecho Internacional Humanitario les otorga una protección reforzada, sustentada en los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad y en el interés superior del niño. Por ello, las Fuerzas Militares deben evaluar con máximo rigor los métodos y medios utilizados para evitar daños innecesarios o desproporcionados.
El organismo recordó además que el uso de la fuerza en operaciones contra grupos ilegales debe limitarse estrictamente a lo indispensable para alcanzar el objetivo militar, prohibiendo causar muertes o lesiones que excedan ese marco.
Tras conocerse los hechos, la Defensoría planteó la necesidad de analizar si existían alternativas tácticas que permitieran disminuir el riesgo para los menores reclutados. “La pregunta es obligada: ¿era posible actuar con un menor costo en vidas?”, señaló la entidad.
La institución insistió en que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas posibles para salvaguardar a los niños y adolescentes involucrados de manera forzada en el conflicto armado, recordando que incluso la guerra tiene límites humanitarios que deben respetarse.
