En el desarrollo del Foro 30 años de la Ley 142, la Contraloría General de la República, alertó que en el Presupuesto General de la Nación 2026 se determina una reducción del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados al sector de agua, saneamiento y gestión integral de recursos.
De acuerdo con la información el montó pasará de 1,5 billones de pesos en 2025 a solo 0,7 billones en 2026, lo que representa una disminución cercana a 800 mil millones de pesos.
El ente de control advirtió, que a reducción se suma la baja ejecución presupuestal. Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo había ejecutado el 23% de su inversión, y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22%.
Esa situación indudablemente va en detrimento de las regiones, pues de alguna manera como lo plantea la Contraloría General se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales.
La reducción en el presupuesto general para el tema de agua, podría afectar la inversión que se viene realizando en el departamento de La Guajira, en la garantía de ese derecho a las comunidades indígenas ubicadas en zonas dispersas.
En este caso merece especial atención el cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017, que podría verse afectado, y en donde el Gobierno nacional es llamado a garantizar ese derecho a los niños y niñas wayuú de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y el Distrito de Riohacha.
El tema es preocupante razón suficiente para que las autoridades analicen la situación para determinar las acciones a seguir para contrarrestar de alguna manera las consecuencias que podría generar para el Departamento la reducción de recursos económicos en el presupuesto nacional para el sector de agua.
Por ello, el llamado para que se defina una hoja de ruta que les permita actuar de manera preventiva, y de alguna forma se definan otras acciones para que aumente la inversión en agua potable y se garantice ese derecho a la mayor parte de la población que sigue esperanzada en contar con ese servicios los siete días a la semana las 24 horas del día.