Los gremios y las veedurías del Atlántico, Magdalena y La Guajira, presentaron una acción de cumplimiento, pero también hicieron una propuesta al Estado, en donde dicen estar en condiciones de hacerse cargo del sistema operativo de la empresa Air-e, que se encarga de comercializar el servicio de energía en estas tres regiones.
Todos los experimentos han fracasado, siendo superados por la corrupción interna que se manejó en esos sectores privados. El último intento lo hicieron los congresistas costeños, liderados por David Barguil quien, con las bancadas costeñas lograron que se armara Air-e. Fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora ninguno de los ideólogos de esta propuesta aparece.
Las veedurías y los gremios de los tres departamentos operados por Air-e, con una acción de cumplimiento, intentan tener el control de la empresa que se encuentra quebrada por la corrupción. De nada valió la última intervención en el gobierno de Gustavo Petro. También se unió a la procesión de fracaso, que hoy, nos tiene bajo la amenaza de un nuevo apagón regional.
Esta crisis cíclica del sector energético en la región Caribe se ha convertido en un problema estructural que trasciende los cambios de operadores y las promesas gubernamentales. Atlántico, Magdalena y La Guajira, tres departamentos claves en la economía y en el potencial de transición energética del país, siguen enfrentando un servicio eléctrico deficiente, costoso y con pérdidas que no logran ser controladas.
La propuesta, aunque disruptiva, no es descabellada. El Caribe colombiano concentra grandes polos de desarrollo: puertos, turismo, agroindustria, minería y energías renovables. Estos sectores requieren estabilidad en el servicio eléctrico para crecer y generar empleo. Si se parte de la base de que las empresas operadoras han fracasado en garantizar calidad y continuidad, ¿por qué no abrir la puerta a una administración gremial, en la que los sectores productivos tengan responsabilidad y control sobre la operación?
La regulación del sistema eléctrico es compleja y altamente técnica, lo que exige no solo capital, sino experiencia y capacidad de gestión. Además, el Estado debería garantizar un marco jurídico sólido que evite que intereses particulares se sobrepongan al bien común.
El problema es que los gremios carecen de capacidad administrativa y técnica para montarse en un ‘monstruo’ de muchas cabezas.
El mayor desafío sería lograr una alianza en la que los gremios no actúen como simples beneficiarios, sino como corresponsables del servicio público, equilibrando rentabilidad con el derecho fundamental de los ciudadanos a la energía.
Les tocará enfrentar a una deuda de 3,6 billones de pesos: antes de la intervención, y el 1,9 billón que hasta el momento deja el año de administración de la Superservicios. A esto se suma la deuda con las generadoras que supera los 2.4 billones de pesos, que nos ponen en serio riesgo de quedar a oscuras.
