El 8 de mayo de 2025, un trágico accidente en Bucaramanga conmocionó a la ciudad: Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, un joven de 28 años, perdió la vida tras quedar enredado en un cable de telefonía que había caído sobre la vía luego de ser golpeado por un tractocamión en la calle 45. El impacto fue tan violento que el motociclista murió decapitado, dejando una escena que estremeció a testigos y transeúntes.
Desde ese día, la familia de la víctima decidió emprender acciones legales, contratando a un equipo de abogados y peritos para esclarecer las circunstancias del siniestro. Los primeros estudios técnicos revelaron que el cable estaba a una altura de 4,25 metros, por debajo de lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia (Retie), que exige una distancia mínima de cinco metros sobre el nivel del suelo.
El abogado José Gregorio Contreras, representante de la familia Valderrama, presentó una demanda contra la empresa Claro, el conductor del tractocamión y la Alcaldía de Bucaramanga, argumentando que hubo fallas en el cumplimiento de las normas técnicas y omisión en los controles de seguridad. “La empresa no cumplía con la altura reglamentada, el conductor del vehículo pesado también tendría responsabilidad, y la administración local no garantizó la supervisión necesaria”, afirmó.
La Alcaldía, a través de Richard Alexander Caicedo, jefe de Gobernanza, explicó que la inclusión de la administración en el proceso obedece a que el poste se encontraba ubicado en el andén y que corresponderá a la defensa jurídica establecer si había responsabilidad de vigilancia técnica sobre esa infraestructura. Por su parte, el propietario del tractocamión expresó solidaridad con la familia y sostuvo que el accidente se debió a la baja altura del cable, aclarando que, de encontrarse responsabilidad, la aseguradora respondería.
La empresa Claro, señalada indirectamente por la familia y sus abogados, manifestó en un comunicado que no ha sido vinculada ni requerida formalmente por ninguna autoridad judicial, razón por la cual se abstendrá de emitir declaraciones adicionales mientras no exista un proceso en curso.
El caso, que aún se encuentra en investigación, ha generado debate sobre las responsabilidades de las empresas de telecomunicaciones, los conductores de vehículos de carga y las autoridades locales en la supervisión y mantenimiento de las redes en las vías públicas.
