La explotación del carbón en La Guajira y el Cesar, están llegando al final de las operaciones extractivas de Carbón, aún cuando el contrato del Cerrejón en La Guajira vence en 2033, es posible que finiquite antes del 2030, de acuerdo a circunstancias relativas con las bajas demandas y precios, por causa de las energías alternativas en prevención del recalentamiento en el cambio climático y la decisión de los dos de los tres socios del proyecto que han anunciado retirarse del consorcio minero y dedicarse otros negocios que resulten rentable.
La terminación conlleva a la liquidación general de asuntos laborales y contractuales, dejando cesante un gran número de personas, donde algunas logren materializar las pensiones y otras, sean indemnizadas con pagos negociados en proporción al tiempo de servicios prestados.
En los actuales momentos, el sindicato del Cerrejón votó la huelga por diferencia con el operador en el nuevo pliego de peticiones y recorte de beneficios, con negativas a exigencias no pactadas. La pandemia del Covid-19 obligó a la sociedad Cerrejón a modificar las operaciones, reduciendo el número de personas activas, laborando con personas menores de 60 años y no estén certificados en salud de enfermedades, relativas a los órganos torácicos: cardiovascular, pulmonar, renal, hepáticos, diabetes, cáncer y otros, para evitar que resulten afectados con el virus que viene haciendo estragos.
Los desacuerdos con el sindicato podrían acelerar la terminación del contrato de explotación y cierre definitivo de la mina y el puerto, nada los obliga a continuar con la explotación durante el término estipulado en el contrato. Esta será la última negociación con el sindicato.
Es hora de ir pensando qué hacer con los predios que conforman el globo del proyecto minero Cerrejón y los socavones, que no se rellenarán y pueden utilizarse para incorporarle paneles y elementos de generación energía solar, para implementar la producción en el hoy territorio minero de uso industrial, determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial –POS– de Barranca. Una vez concluya y termine la explotación de carbón el globo predial, se devuelve esos predios, regresan a la administración municipal quienes podrían llevar a cabo convenios interadministrativos con la nación, departamento y particulares para la constitución de sociedad, cuyo objetivo sea la creación de Zona Franca o parques industriales, facilitando la apertura industrial en La Guajira con ofertas de energía alternativa a bajos precios, con transporte férreo a Puerto Bolívar, en el municipio de Uribia, que se incorporará en la operación de transporte, ferreo-marítimo, que se utilizará en las importaciones y exportaciones de artículos, materias primas y mercancías procesadas beneficiando a los municipios de Uribia, Albania, Hatonuevo y Barrancas, de manera directa y colateral a Maicao, Manaure y Riohacha.
La operación de una Zona Franca es una fuente generadora de empleo y trabajo directo e indirecto, en volumen de personas laborando superior a los que se utilizan en minería y la referenciada iniciativa, sirva de contingencia y paracaídas para restablecer el vacío que causa el cierre de la mina, si lo permiten el Gobierno nacional y los portuarios de las perlas de Caribe, la dirigencia gremial de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Los alcaldes de los mencionados municipios del corredor que parte de la Mina a Puerto Bolívar, deben comenzar a conformarse asociación para cimentar las bases y darle color al asunto, antes que esperar a que termine para ver qué se hace o no dejan hacer, sin que nos hayamos preparado, permitiendo que se invadan los predios por personas particulares, sin generar ninguna utilidad que revitalicen la economía interna en La Guajira, que beneficien ingresos laborales a los nativos y residentes en la península, con mejores oportunidades que la que se tuvo con el operador minero, en volumen inferior al 50% y 2% de las subcontratista, de personas incorporadas en el trabajos.
