Una nueva polémica sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras conocerse un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el…
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Una nueva polémica sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras conocerse un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que se expresa preocupación por el “alto consumo de drogas en los niveles más altos” del actual Ejecutivo colombiano. El documento, revelado por el diario El Tiempo, hace parte del análisis previo a la asignación de recursos para el año fiscal 2026 y plantea serios cuestionamientos sobre el rumbo político y de seguridad del país.
Además de advertir sobre el creciente consumo de estupefacientes en Colombia, el comité señaló directamente su inquietud frente al presunto uso de drogas dentro de la administración central. Esto, sumado a lo que describen como un “comportamiento errático” del Gobierno Petro, habría influido en la decisión de reducir significativamente la ayuda económica no militar que el país venía recibiendo.
Para el nuevo periodo fiscal, Colombia recibiría cerca de 209 millones de dólares en asistencia estadounidense, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente 400 millones anuales asignados en años anteriores. De ese monto, 103 millones estarían destinados a la lucha contra el narcotráfico, 67 millones a seguridad nacional y 38 millones a apoyo a las Fuerzas Armadas. Según el comité, la reducción obedece a que el Gobierno Petro “no ha aprovechado eficazmente” la cooperación internacional para avanzar en objetivos comunes con EE. UU.
El informe también mencionó otros aspectos que agravan la percepción sobre la situación interna del país. Uno de ellos fue el atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, que fue citado como muestra del “volátil ambiente político” y la creciente inseguridad. Igualmente, se expresó preocupación por el resurgimiento de grupos armados ilegales que han recuperado el control de varios territorios, provocando un alza en los niveles de violencia regional.
Otro punto sensible abordado fue el proceso judicial en curso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El comité manifestó serias dudas sobre las garantías del debido proceso en el caso, señalando posibles irregularidades como vigilancia ilegal, negación del derecho a la defensa y conflictos de interés. En ese sentido, alertaron sobre un posible “deterioro del Estado de derecho” y una creciente politización del sistema judicial colombiano.
Finalmente, el comité solicitó al Secretario de Estado de EE. UU. que, en un plazo de 90 días tras la aprobación del proyecto de ley, presente estrategias concretas para implementar programas de reducción de la demanda de drogas en Colombia. La advertencia llega en un momento clave para las relaciones bilaterales, marcando un giro en la postura del Congreso estadounidense frente al gobierno colombiano actual.
