Una declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una rueda de prensa sobre el avance de la fiebre amarilla en Colombia, desató una tormenta política y social. El funcionario afirmó que la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes pertenece al Estado, y que ningún padre puede negarse a que sus hijos reciban la vacuna contra esta enfermedad, que ya ha dejado 60 casos y 30 fallecimientos entre 2024 y lo corrido de 2025.
Jaramillo, al anunciar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para frenar el incremento de contagios, sostuvo que si los padres se oponen a la vacunación, debe intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), amparado —según él— en la potestad que tiene el Estado sobre los menores. Aseguró, además, que ya existen casos en los que algunas alcaldías han reportado a familias reacias a vacunar a sus hijos, permitiendo así la intervención del Instituto Nacional de Salud para aplicar las dosis correspondientes.
“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado”, dijo textualmente el ministro. Esta afirmación generó una reacción inmediata y contundente por parte de distintos sectores del país, que la consideraron no solo equivocada, sino peligrosa por el mensaje que transmite respecto al rol del Estado frente a la familia.
El Partido Conservador fue uno de los primeros en pronunciarse, comparando las palabras del ministro con prácticas de regímenes autoritarios donde se utilizó el control de los menores como instrumento político. “Ningún Gobierno tiene el derecho a cruzar esta línea inviolable. No permitiremos que en Colombia se posicione un relato como este y que vulnere la ley que protege la esencia de nuestras familias”, señaló el partido en un comunicado difundido en la red social X.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal criticó duramente lo dicho por Jaramillo, asegurando que el Estado no puede sustituir el papel de los padres. “La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender lo contrario es propio de regímenes totalitarios”, expresó.
A las críticas también se sumaron otras figuras políticas y académicas. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó que según el Código Civil colombiano —específicamente los artículos 288 y 315— la patria potestad es ejercida por los padres, salvo que un juez determine lo contrario en casos graves como maltrato, abandono o delitos específicos. “Cualquier otra interpretación es absurda y peligrosamente antidemocrática”, afirmó Restrepo, quien tildó de “execrable” la postura del ministro.
El excandidato presidencial Enrique Gómez también se manifestó, citando textualmente el artículo 288 del Código Civil para insistir en que los derechos sobre los hijos menores de edad corresponden legalmente a los padres, mientras que el senador Mauricio Giraldo fue aún más enfático: “Ministro, no se equivoque, con nuestros hijos no se meta. La patria potestad es de los padres, no del Estado. Lo dice la Constitución, el Código Civil y el sentido común”.
La controversia ha escalado rápidamente y no se descarta que Jaramillo sea citado al Congreso para dar explicaciones sobre sus declaraciones. Mientras tanto, desde varios sectores sociales y jurídicos se exige una rectificación pública y se advierte sobre los riesgos de enviar mensajes que, según ellos, erosionan los fundamentos legales y culturales de la familia colombiana.
