Con urgencia se necesita una Constituyente que modifique, reforme, cambie y actualice sistemas en poderes e instituciones públicas, desactualizadas e ineficientes, sobre operaciones administrativas, judiciales, disciplinarias, fiscales y legislativas. Pero no será fácil, por causas de intereses y corrupción, que ejercen en beneficio particulares, personales de servidores públicos, que sin duda, se opondrían de manera caprichosa y reacia, las cúpulas de tres ramas del poder público.
Es pertinente implementar descentralizaciones administrativas y autonomía territorial soberana, para no estar siempre a expensa y a la dependencia del centralismo bogotano, que viene ejerciendo dominios y limitaciones territoriales, frente a manejos económicos, originado en transferencias de recursos proveniente del presupuesto nacional, hacia alcaldías, gobernaciones y resguardos indígenas.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser modificados, actualizando estructuras y formas de funcionamientos, conforme a procedimientos que permitan impulsar, eficiencia y erradicar morosidad, en acciones antes autoridades competentes, operando en prestaciones de servicios en condiciones precarias. Estamos sobrados o atiborrados de disposiciones normativas, amparadas en constitución, leyes y decretos, contradictores algunos, por la falta de coherencia, en regímenes que vienen funcionando, generando, confusiones, dudas y contradicciones, en aplicaciones diversas, relacionados con asuntos de conocimientos y soluciones.
En Colombia se debe transformar la República Unitaria, por nación semifederadas, divididas en regiones, conformada por conjuntos de departamentos y municipios adyacentes. Siguiendo el orden, los departamentos tradicionales o estados federalizados, distritos, municipios, resguardos indígenas y étnicos; con funciones, atribuciones y facultades; de gobiernos en jurisdicciones de los distintos territorios, con las finalidades previstas en la actual constitución, suprimiendo y adicionando, términos textuales, de la actual constitución, al igual que en los derechos fundamentales vigentes. Se conserva con algunas modificaciones, los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente.
Se requieren de muchas reformas: agraria, salud, educación, justicias, régimen político, electoral, tributaria, minero, laboral, pensional, contractual, ambiental. De igual forma, los Códigos; civil, comercial, trabajo, transito, penal; complementados con procedimientos de tramites, ordinarios, administrativos y especial.
Debe implementarse un Congreso unilateral, representado por todos los departamentos y distritos, con partición excepcional, territorios: indígenas, étnicos y por regiones; que se conformen, sin exceder de 103 senadores, en un sistema semifederal, presidencial, ilimitado en consulta popular, relacionado con asuntos de envergadura e interés nacional, relativas a reformas, constitucionales y legales, previo tramite legislativo, amparado en aprobación de aval popular.
Las regiones constituirán una corporación legislativa, administrativa, que sustituya, a la Cámara de Representantes, conformadas por entre 21 hasta 51 miembros, elegidos popularmente, por los habitantes de los departamentos y municipios, que conformen la Región. Su función principal tiene que ver con prestaciones de servicios públicos, inversiones en salud, educación, infraestructuras en vías y obras, turismo, agua, electrificación, alcantarillados, agros, transportes, seguridad, comunicaciones, comercio, minería, orden público etc.
Los elegidos a Cámara Regional de Diputados y Senado tendrían que consultar a los electores cuánto estos se los exijan, de igual manera, rendir informe detallados, de acciones y gestiones, que haya llevado a cabo, de manera directa o por consultas popular. Las diferencias que se originen en los proyectos que se ponga a consideración de las corporaciones, debe someterse a aprobación por consulta popular, en última instancia, sujeta a controles constitucionales. A las regiones le correspondería, 50% de los ingresos nacionales por conceptos de impuesto de rentas y 75% sobre regalías y compensaciones, que se originen o causen en los territorios regionales. 10% de citados ingresos, se destinará para los departamentos y un 5% para municipios y resguardo, para disponibilidad en atención de salud, educación, saneamiento básico y emprendimientos. Departamentos y municipios, siguen conservando sus impuestos vigentes.
La administración de justicia debe transformarse en cuanto operación de tramites, descargando, a jueces y magistrados, de practicas de pruebas directas, integrar a título de auxiliar de justicias, abogados, asesores y consultores, especiales remunerados, en asuntos especifico, puesto a su consideración, para efecto de opinión conceptuación legal. Deben vincularse jueces con especialización en manejos de trámites judiciales eficientes y en ejercicio, del derecho, que administra y judicializa, con acreetadición, ética y moral transparentes. Por último, implementación y apoyo, de la Inteligencia Artificial, para evacuar, cantidades de procesos represados, que cada día crecen las pilas e incrementan morosidades, traducidas en injusticias. La I.A, es de mucha utilidad para proyectar fallos o sentencias, en breve tiempo, ignorando quien sea las partes o llevar interés, predispuesto, de torcerse, parcializarse, negociar, valores y precios, en decisiones y extralimitaciones, prevaricando.
Establecer una jurisdicción especial, encargada de conocer de manera exclusivas, acciones de: Tutelas, Popular, Cumplimiento, de Grupos y demás acciones públicas, relacionadas, con Consulta Popular, Referendo, Plebiscitos, Revocatoria de Mandatos y demás servidores públicos, de elección democrática, por incumplimientos e incurrir, en causales taxativas, de violación legal.
Se debe crear una democracia, más de participación popular y menos representativa, que debe operar, de manera puntual y limitadas, sujeta a revocatorias, por incumplimientos de deberes, obligaciones, ordenes de asambleas populares u omisión, de consultar o no informar.
Someter a consulta general, territorio nacional, en una misma fecha, al 50% del periodo de Gobierno, de alcaldes y gobernadores, para medir el pulso popular de respaldo. Si no pasan el 50% de la votación de los electores que sufraguen, sobre un 50% del resultado en la elección que lo eligió, quedarían revocado el mandato y se procedería, a convocar nuevas elecciones, para la terminación de periodos gobernantes, para entender, que en democracia, ellos representan al pueblo, deben obedecer y corresponderle, con lealdad y buena fe, no asumiendo los gobiernos como una propiedad privada, con facultades y atribuciones, para hacer y deshacer, abusando en las administraciones públicas. Hay que deshacerse de corrupción, envidias y egoísmo; venenos, ácidos toxico, que contaminan, obstruyen y destruyen, a las personas en sociedad y comunidades.
