En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a un suboficial y tres soldados profesionales del Ejército Nacional, tras determinar su responsabilidad en la muerte injustificada de un ciudadano durante un operativo militar en el municipio de Chitagá, Norte de Santander.
Los sancionados, pertenecientes al Batallón de Infantería No. 13, General Custodio García Rovira de la Trigésima Brigada – Segunda División del Ejército, participaron en el allanamiento como parte de la orden de operaciones ‘Metis’, cuyo objetivo era la captura de integrantes de un grupo subversivo. Sin embargo, la investigación determinó que la víctima no tenía la calidad de combatiente y fue abatida en estado de indefensión mientras se encontraba desayunando en la finca Vista Hermosa, donde había menores de edad.
Para el ente de control, los militares violaron los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como el de distinción y protección de la población civil, al abrir fuego contra la vivienda sin que existiera una amenaza real o justificada. Esta acción no solo resultó en la pérdida de una vida, sino que también afectó la imagen institucional del Ejército Nacional y generó desconfianza en la población.
La conducta de los uniformados fue calificada como falta gravísima a título de dolo, ya que, a pesar de conocer la presencia de personas protegidas por el DIH, decidieron disparar, ocasionando la muerte de un civil que no estaba armado ni representaba un peligro para la operación militar.
Contra la decisión de la Procuraduría procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. Entretanto, la institución reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos en operaciones militares.
