“Así que esta es Colombia, la del realismo trágico, pero también mágico. La de los héroes anónimos, la de los malabaristas del rebusque y los emprendedores de la esperanza”. Pirry
El acto de votar es para muchos ciudadanos alrededor del mundo un deber sagrado que refleja la esencia misma de la democracia. Sin embargo, en algunos países este deber ha dejado de ser una elección para convertirse en una obligación, tal como lo establecen sus constituciones políticas. En Colombia por el contrario, el voto no es obligatorio, aunque existen ciertos incentivos para quienes deciden participar en las elecciones.
El voto, más allá de ser un simple trámite, se ha transformado en una expresión de pasión, competencia e incluso amor por la patria. En ocasiones, también responde a compromisos personales o comunitarios. No obstante, es común que los ciudadanos no sean plenamente conscientes del poder y el valor que encierra su voto, ni del profundo compromiso que adquieren quienes reciben ese mandato. La esencia fundamental de la democracia representativa radica en que quienes reciben el mandato del pueblo a través del voto no actúan en nombre propio, sino como voceros y defensores de los intereses de la comunidad que los eligió. Esa es la razón de ser la democracia representativa y no otra, pero muchas veces quienes son elegidos se les olvida que no se representan así mismos sino al pueblo que los eligió por el mandato que recibieron.
El concepto de democracia tiene sus raíces en la Antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Sin embargo, la democracia ateniense era directa, no representativa. Los ciudadanos (hombres libres, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros), participaban directamente en la toma de decisiones en la Asamblea. Aunque este sistema no era representativo, sentó las bases para la idea de que el poder político debía emanar del pueblo.
La democracia representativa tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso histórico que se remonta a las raíces de la civilización occidental y que ha evolucionado a lo largo de siglos de luchas políticas, filosóficas y sociales. Este sistema en el que los ciudadanos eligen a representantes para que tomen decisiones en su nombre, es uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas.
Realizo este recuento histórico porque quiero llamar la atención sobre lo que ocurre en nuestro Congreso de la República con relación a los proyectos sociales que el presidente ha presentado para su revisión, análisis, discusión y eventual aprobación o negación, con el objetivo de convertirse en Ley. Es preocupante la reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado, donde ocho de catorce senadores presentaron una ponencia negativa con el fin de archivar el proyecto de reforma laboral que ya había sido aprobado en dos debates previos en la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Séptima como en su Plenaria.
El debate legislativo es un pilar fundamental de la democracia representativa, pero también lo es el mandato popular que se otorga a los elegidos por voto directo. En el proceso electoral de 2022, el porcentaje de sufragantes y/o votantes, fue el más alto desde el año 1998, así vimos como el 58.17% de los ciudadanos habilitados votó y por primera vez se logró bajarle en casi 5% a la abstención, obteniendo el presidente un 50.50% de los votos equivalente a 11,3 millones de votos. Eso es un respaldo genuino a su propuesta de Gobierno que incluía por supuesto la reforma laboral como una de sus propuestas centrales.
Al presentar este Proyecto de Ley ante el Congreso, se está dando cumplimiento a una promesa de campaña respaldada por el voto ciudadano, lo que constituye un mandato democrático que los congresistas, como representantes del pueblo, tienen el deber de considerar con seriedad y responsabilidad.
Los congresistas elegidos por voto popular tienen la obligación de actuar conforme a los principios democráticos, garantizando que las decisiones que tomen reflejen la voluntad de sus electores y no de intereses particulares o partidistas. Cuando se obstruyen iniciativas que han sido parte del programa de Gobierno votado mayoritariamente por los ciudadanos, se desvirtúa el ejercicio de la democracia representativa y se deslegitima la confianza depositada en el Congreso como órgano de deliberación y legislación.
El deber de los congresistas no es solo evaluar técnicamente los Proyectos de Ley, sino también responder al compromiso adquirido con el pueblo que los eligió. La responsabilidad de la Comisión Séptima del Senado, y en general de todo el Congreso, es permitir que las iniciativas de carácter social sean debatidas con rigor, sin maniobras filibusteras para bloquear su avance sin una discusión sustantiva.
En este contexto, la decisión de archivar la reforma laboral sin un debate amplio en el Senado atenta contra la esencia de la representación popular y el respeto al mandato ciudadano recibido. Los colombianos eligieron un modelo de Gobierno con unas propuestas claras, y el Congreso tiene la obligación de actuar con coherencia frente a ese mandato, garantizando que el ejercicio legislativo responda a los intereses de la mayoría y no a presiones ajenas a la voluntad popular.
Hago un llamado a la reflexión sobre el papel que desempeñan los legisladores en la construcción de un país más equitativo y justo. La democracia no se limita a la elección de representantes, sino que también exige que estos actúen con responsabilidad y compromiso hacia los ciudadanos que los eligieron, respetando las decisiones mayoritarias expresadas en las urnas.
Ante este panorama de permanente obstrucción a las reformas sociales presentadas por el Ejecutivo, se vuelve necesario recurrir al mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular. La decisión del presidente de poner a consideración del pueblo este proyecto de reforma responde a la obligación de garantizar que sea la soberanía popular la que ratifique el mandato dado en las elecciones presidenciales de 2022. En una democracia, es el pueblo quien tiene la última palabra, y ante un Congreso que bloquea de manera sistemática iniciativas de interés social, es imprescindible que la ciudadanía exprese su voluntad de manera directa y decisiva.
