La Corte Constitucional declaró improcedente la solicitud de aclaración presentada por el ministro de Salud respecto a la decisión que determinó el incumplimiento en la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y le ordenó instalar, en un plazo de 10 días, una mesa de trabajo para reestructurar su cálculo, al considerar que ha sido incrementada de manera insuficiente.
El alto tribunal también reiteró que el Ministerio deberá presentar, en el transcurso de un mes, un informe en el que justifique la fijación de la UPC para el año 2025 y acatar las demás disposiciones de la sentencia. Entre ellas, el desarrollo de una herramienta en un plazo de tres meses para mejorar la precisión en los cálculos de la UPC, debido a las falencias detectadas en la información utilizada desde 2016.
La Sala de Seguimiento de la Corte enfatizó que la solicitud presentada por el Ministerio no se orientaba a obtener claridad sobre los términos de cumplimiento, sino que pretendía cuestionar el fallo, lo que la hizo improcedente.
Por otro lado, en lo referente a los presupuestos máximos, que corresponden a los recursos destinados a inversión en tecnologías y otros servicios, la Corte aclaró algunas inquietudes del Ministerio, pero mantuvo sus órdenes de pago para saldar los giros pendientes a los prestadores de salud.
En ese sentido, el alto tribunal reiteró que el Gobierno deberá pagar en un máximo de 48 horas los ajustes correspondientes al año 2022, y en un plazo de 18 días deberá girar los recursos pendientes de julio a octubre de 2024. Igualmente, deberá reconocer los pagos de noviembre y diciembre de 2024 en un lapso similar y desembolsar los de enero y febrero de este año en los últimos 10 días de febrero.
A partir de marzo, los pagos deberán efectuarse mes a mes dentro de los primeros 15 días.
Finalmente, en relación con el incidente de desacato abierto contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Corte le concedió dos días para que presente su pronunciamiento ante la medida.
