La Corte Constitucional remitió la solicitud de dos comunidades de la Alta Guajira, sobre protección de sus derechos con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social derivado de la pandemia del Covid-19, a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha para que provea la respuesta que consideren conveniente.
En el documento se indica que los peticionarios, pertenecientes al corregimiento de Irrapia, requirieron la adopción de medidas en materia de agua como la publicación de un cronograma de abastecimiento a través de carros cisternas y obras para el abastecimiento en condiciones de calidad, permanencia, disponibilidad y accesibilidad.
En alimentación solicitaron la entrega de 1.820 ayudas humanitarias y la iniciación de programas emergentes para apoyo a las economías propias de pescadores, artesanos, ganaderos y comerciantes.
En salud requirieron la atención a través de un administrador temporal, la contratación de promotores de salud y la unificación de la población en un solo prestador.
En tanto, los peticionarios de la Zona Norte Extrema, en representación de la población asentada en la zona que comprende nueve corregimientos, requirieron la disposición de 27 carros cisternas para la distribución de agua; la entrega de 69.804 mercados de alimentos cada dos semanas; contratación de recurso humano en el Hospital de Nazareth; activación de un incentivo económico para el sector de la pesca artesanal y la ampliación de la concesión radial ‘Ecos de la Makuira’ hacia los 21 corregimientos de Uribia.
En el documento se indica que para efectos de brindar respuesta a los solicitantes, se debe indicar en primer lugar, que como se aduce en los escritos allegados, el acatamiento de la Sentencia T-302 de 2017 está siendo verificada a través de incidente de desacato por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha; y, en segundo término, que el numeral octavo de dicho fallo, dispuso que la supervisión del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia estaría a cargo del juez de primera instancia.
Es de mencionar que la decisión lleva la firma del magistrado José Fernando Reyes Cuartas y de la secretaria General, Martha Victoria Sáchica Méndez.
