El abogado Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, “violó topes electorales, recibió financiación ilegal, compró al Congreso y eligió altos cargos estatales”. Además, comentó que aprobó las reformas tributarias y la pensional, y lo acusó de entregar millonarios negocios a aliados.
Ante este panorama, el abogado dijo que si Petro intenta reelegirse o extender su mandato, el país se debe hacer un paro general para evitar que “el guerrillero impune se atornille al poder”. “Si Petro se quiere quedar, hay que hacer un paro general”, dijo.
“Petro, el jefe de la mafia, nos ha ido corriendo la cerca: se eligió violando los topes electorales y recibiendo financiación espuria, compró con maletas de efectivo al Congreso; eligió fiscal, procurador, contralor, defensora y magistrado de la Corte Constitucional. Por si fuera poco, aprobó las reformas tributarias y de pensiones y decretó la de la Salud a las malas —ahora la resucita en el Congreso—; les metió a los “cacaos” billones de pesos en negociados, y todos los días hay un escándalo de corrupción peor que el de la víspera.”, aseveró el abogado por medio de su publicación de X.
En sus declaraciones, el abogado sugirió que las protestas y marchas en contra del Gobierno deberían cesar y ser reemplazadas por un paro general como medida para frenar el supuesto intento de extensión del mandato presidencial.
“En medio de eso, propuso una Constituyente, Asamblea del Pueblo, y sus esbirros hablan de reelección, mientras en el Congreso se empieza a mover la ampliación de periodo. ¡Despertemos! ¡NO MÁS MARCHAS! Si Petro se quiere quedar, hay que hacer un PARO GENERAL; si no lo hacemos, el guerrillero impune se atornilla al poder”, afirmó el abogado.
Junto a su publicación, De La Espriella compartió un video en el que profundizó sobre los escándalos de corrupción que, según él, rodean al gobierno de Petro. En el material audiovisual, el abogado mencionó la controversia relacionada con los carrotanques en La Guajira y los presuntos pagos a congresistas para agilizar el trámite de reformas impulsadas por la administración actual. Estas acusaciones, para De La Espriella, son parte de una estrategia para aferrarse al poder y evitar una rendición de cuentas.