La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por posibles irregularidades relacionadas con la suscripción de convenios por más de $ 1.000 millones estando en vigencia la ley de garantías.
Se trata de los convenios con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (FUNDEC), para la implementación de acciones integrales que garanticen el bienestar y la paz de la población en situación de vulnerabilidad, en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y la divulgación y promoción de iniciativas de paz en ese Distrito.
Tras revisar la documentación de estos dos bilaterales, el ente disciplinario advirtió que, aparentemente, estos fueron celebrados de forma directa y en época electoral, más específicamente, 4 meses antes de las elecciones, las cuales se llevarían a cabo el 27 de octubre de 2019, pese a que esta contratación directa estaba expresamente prohibida en la ley.
Adicionalmente, ninguno de los convenios estaba amparado en una de las excepciones establecidas en la ley, señaló el Ministerio Público, lo que evidencia que el investigado podría haber dado un manejo inadecuado a los recursos públicos, pues realizó la contratación directa expresamente prohibida.
La conducta fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Segunda para la Contratación Estatal como grave a título de culpa grave.
