Por Álvaro Alario Montero
Las reformas en nuestra democracia son una constante, parece que el país no encuentra el modelo institucional apropiado. Cada vez que se suscita un escándalo lo primero que se escucha es reforma constitucional o proyecto de ley para enmendarlo.
Colombia sufre de una hiperlegislación sin precedentes, nada le acomoda y nada funciona, ¿será el modelo institucional o el recurso humano, es un problema de leyes o de educación? Ahora se aproxima la elección del procurador y no cesan las críticas al fiscal y al contralor por los viajes y por las investigaciones selectivas, voces inconformes piden que se reforme el procedimiento para elegirlos, las razones son muchas, hay quienes proponen quitarle al presidente y a las Cortes la competencia híbrida para elegir al fiscal, otros plantean que no solo el fiscal, sino el procurador, el contralor y el defensor del Pueblo se elijan mediante voto directo de los ciudadanos. ¿Pero es esta la solución?
Desafortunadamente la historia reciente dice que no y los ejemplos abundan. En el año 1986 se instituyó la elección popular de alcaldes y, en 1991 la de gobernadores, pero el balance es deplorable, retrocedimos, difícil entender que la democratización de estas elecciones haya terminado en foco de corrupción. Colombia tiene 5 Cortes, una carrera judicial y sus funcionarios son los mejores remunerados, sin embargo hoy la Rama Judicial tiene uno de los peores niveles de aceptación y de ineficiencia. Desde 1983 el Congreso viene expidiendo leyes y decretos para mejorar la contratación pública dotándola de más transparencia, en ese camino encontramos las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el decreto ley 4170 de 2011 y los decretos 019 de 2012, 1510 de 2013, entre otros, pero no hemos logrado frenar el detrimento patrimonial en las entidades públicas ni la corrupción, de ahí que el legislativo intente un nuevo mecanismo a través de los pliegos únicos, anunciada como la herramienta con la cual el Estado tendrá más dientes contra la corrupción en las regiones. Y así van llegando ejemplos, como la cadena perpetua, la prohibición de conducir bajo estado de embriaguez o alcoholemia y tantos catálogos de buenas intenciones.
Tampoco hemos digerido bien los Códigos de Procedimiento Administrativo y General del Proceso y ya llegan nuevas reformas. Han transcurrido aproximadamente 15 años desde que comenzó la implementación gradual del sistema penal acusatorio y ya se avizoran, en el veleidoso horizonte jurisprudencial, inequívocas muestras de la regresión de la justicia a la caduca lógica inquisitiva, una copia que no ha funcionado en nuestro modelo institucional.
Nuestro problema no es de modelo institucional ni de leyes sino de recurso humano, esa es una realidad, recuerdo que una vez fui invitado a hablar de la Constitución de 1991 frente a un auditorio en la facultad de “iurisprudenza” en la ciudad de Perugia, Italia donde viví por casi 6 años, algunos profesores amigos me lo habían propuesto porque les parecía una Constitución novedosa y muy avanzada. Me explayé nervioso hablando de las bondades de nuestra Constitución, los derechos fundamentales, las acciones constitucionales especialmente la tutela, la pérdida de investidura de los Congresistas, los mecanismos de participación ciudadana, el sistema presidencial, los órganos de control y las jurisdicciones en cabeza de cada una de las Cortes. Finalizando, un estudiante me dice: “con esa Constitución Colombia debería ser un país maravilloso”. Debería, es cierto, por más perfecta que sea la ley no suple la educación. Esta Nación requiere un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamente en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
