En el Caribe colombiano, nos sacaron de Guatemala, y nos metieron en ‘guatepeor’. Esa es la triste realidad que vivimos los ciudadanos de los siete departamentos de este litoral.
Nos engañaron cuando nos hicieron creer que acabando con Electricaribe, tendríamos una mejor calidad de servicio y buen tratamiento tarifario. Ni lo uno, ni lo otro.
La semana pasada, los nuevos mandatarios territoriales del Caribe, participaron de la Cruzada regional ‘Tarifas Justas para el Caribe’ en la ciudad de Cartagena. Vimos a varios mandatarios, entre ellos, a Jairo Aguilar Deluque de La Guajira, mostrando una pancarta que decía: ‘Comemos o pagamos luz’.
¡Qué bien! Nos parece una excelente iniciativa de los mandatarios, porque el pueblo se ha sentido solo. Apoyamos a los congresistas cuando comenzaron a debatir el tema, pero una vez crearon a las empresas Afinia y Air-e, ellos, da la impresión que se acomodaron y dejaron a la gente sola.
Es la cruda realidad para miles de hogares, decenas de empresas y el mismo sector oficial, que ya no puede con las onerosas tarifas de energía, alumbrado público, agua medio potable, aseo y, ahora toda la carga que generan las nuevas tecnologías.
En el 2023 las tarifas se dispararon al mismo ritmo que los cortes del servicio para realizar los famosos mantenimientos.
Un claro ejemplo fue lo ocurrido en mayo de 2023, el precio promedio de bolsa fue de $575.95/kWh, aumentó un 148.84% con respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de $231.45/kWh. En septiembre de 2022, el valor del kilovatio en bolsa era del orden de 250,63 $/kWh y actualmente ronda los 1.003 $/kWh. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Quién lo controla?
Es que la producción del kilovatio de energía y luego la prestación del servicio, tiene muchas ‘arandelas’ a las cuales les cuelgan muchas sanguijuelas y murciélagos que le ‘chupan’ el dinero al usuario final.
La producción de un kilovatio representa el 35%; ahora vienen las arandelas: 5% a la transmisión del producto servicio desde las centrales hasta las ciudades; 38% a la distribución desde los centros poblados hasta los hogares o establecimientos; 13% a la lectura de los medidores, la entrega de la factura y el recaudo de esta; 7% para las pérdidas técnicas; y 2% para el mantenimiento y otras labores que garantizan la prestación del servicio.
Sería bueno conocer quiénes están detrás de estas empresas ‘murciélagos’. Al pobre usuario le toca pagar por el mantenimiento, peor aún, por las ‘famosas’ pérdidas, por la lectura del medidor y la entrega de la factura.
Como si fuera poco, se crearon hace muchos años, las empresas de alumbrado público, otro millonario negocio, cuyo peso económico recae sobre el usuario.
Muy bien por los gobernadores, pero ojalá no sea cuento de un día, o en otro tilín, tilín, y nadas de paletas.