Amylkar D. Acosta Medina
Ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de electricidad, si esta llegara a fallar: en una morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en un día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en dos días fallecerían los bebés que estén en las unidades de neonatos, en tres días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis. Así de importante es la seguridad energética para un país.
Es sumamente importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración todas las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no renovables. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.
En el corto plazo Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático –Ccmnucc–, Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.
El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el papa Francisco hizo pública su Encíclica Laudato sí´, sobre “el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS– promovida por Colombia, a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia, que adquirió el compromiso de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero –GEI– hacia el 2030.
La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.
Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización la inteligencia artificial (IA) y la Big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.
La Transición energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la Matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las Fncer.
A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicas Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las Fncer en la matriz energética al 11% en 2023.
Las Fncer no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las Fncer sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al cambio climático.
Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.
El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin, a guisa de ejemplo, debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.
