La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que se ha agudizado como nunca antes la crisis migratoria en todas las fronteras del país, aumentando en hasta 99% el número de migrantes en tránsito que ingresaron entre 2022 y 2023.
Solo en el caso del Tapón del Darién, en 2022 cruzaron hacia Panamá 248.000 migrantes, mientras que en lo corrido de 2023 lo han hecho cerca de 500.000.
La jefe del Ministerio Público aseguró que la injerencia de grupos armados ilegales en el tráfico de migrantes, la proliferación de agencias de viajes aparentemente legales que realmente están administrando ese perverso negocio y los vejámenes a que son sometidos los migrantes, como abusos sexuales, esclavitud, trata de menores de edad y microtráfico, son situaciones comunes en todas las fronteras.
Frente a estas situaciones la Procuradora añadió que observa con preocupación y molestia la ausencia de liderazgo, presencia, intervención y articulación del Gobierno Nacional frente a esta crisis, a pesar de las recomendaciones hechas por su equipo tras haber estado en todos los puntos neurálgicos.
“Si no encontramos oídos que nos escuchen, ojos que nos observen y atención a nuestras reclamaciones, no dudaremos en seguir iniciando la acción disciplinaria a que haya lugar”, aseguró la jefe del Ministerio Público al referirse a la indagación previa que avanza contra el Canciller, Vicecanciller y director de Migración Colombia, por su presunta responsabilidad en la desatención a este flagelo en las fronteras.
La Procuradora también entregó detalles sobre los fenómenos migratorios particulares que se presentan en Ipiales, Nariño, donde proliferan los pasos ilegales o trochas, controladas por los traficantes y los migrantes permanecen en calles y parques, sin acceso al agua potable, alimentos, baños y salud, mientras consiguen dinero para continuar su travesía por la ruta entre Tumaco y Buenaventura para llegar a Centroamérica por una nueva ruta detectada en el Pacífico.
También se refirió al fenómeno migratorio particular que se presenta en Guainía por cuenta de la minería informal que se realiza en este departamento y el estado fronterizo de Amazonas, Venezuela, donde se han presentado desplazamientos violentos de migrantes de los dos países, que sobreviven en Puerto Inírida en condiciones deplorables.
Finalmente, la jefe del Ministerio Público aseguró que la Procuraduría seguirá indagando por las acciones adelantadas en cada caso, especialmente frente a los 38 ciudadanos venezolanos desparecidos en aguas de san Andrés, hasta lograr que haya respuestas y que los servidores públicos responsables de proteger los derechos de esta población vulnerable cumplan con su deber.
