La Corte Constitucional luego de un juicioso análisis declaró inexequible el decreto 085 de 2023, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro, determinó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
La Corte no encontró satisfecho el juicio de suficiencia, y fue una de las razones para tumbar el citado decreto, al tiempo que advirtió que en democracia, el primer órgano llamado a responder de manera efectiva y decidida a la crisis humanitaria de carácter estructural que afronta el departamento de La Guajira, y a su agravamiento como consecuencia de la crisis climática, es el Congreso de la República, pues es el foro natural, por excelencia, para conjurar problemáticas estructurales o su agudización.
Para el organismo, el poder legislativo no ha hecho lo suficiente en los años para corregirlos gravísimos problemas de pobreza, exclusión y desigualdad que enfrenta La Guajira.
Advierte la Corte, que el Congreso de la República tiene la responsabilidad constitucional de ejercer sus competencias para evitar que los habitantes de este departamento, y en especial sus niños y niñas, sigan muriendo de hambre y de sed, registrando los indicadores más bajos del país en materia de acceso al agua potable y saneamiento básico, tasas muy por debajo de las nacionales en la cobertura de servicios de energía eléctrica y educación, el índice de GINI más elevado, así como el índice más alto de pobreza multidimensional.
En otras palabras, le corresponde a los senadores demostrar cómo van a abordar la atención de la crisis humanitaria que se vive en La Guajira, que se debe reflejar en la apropiación de los recursos económicos suficientes y necesarios en el presupuesto general de la Nación.
No se trata de exigencias, es la respuesta a un clamor generalizado para abordar las necesidades de una población que aun no cuenta con servicio de agua potable las 24 horas del día, donde los niños se siguen muriendo por factores asociados a la desnutrición, la falta de alimentos en las comunidades indígenas, el desempleo como de otras necesidades insatisfechas y la presencia de grupos armados que siembran el miedo en un departamento que no encuentra salida a su crisis económica y social.