Los argumentos planteados en el Decreto de Emergencia Económica del Gobierno Nacional para atender los efectos del cambio climático en La Guajira, fueron reconocidos por la Corte Constitucional en su control de exequibilidad.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que la sentencia adoptada por la Sala Plena del alto tribunal otorga un año de plazo al Ejecutivo, contados a partir de la vigencia de la norma, el 2 de julio del 2023, para adoptar medidas por la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria que se generaría por la disponibilidad de agua.
Explicó que, aunque la Corte declaró inconstitucional la medida de excepción, “ha reconocido la argumentación del Gobierno cuando decimos que el fenómeno de ‘La Niña’, unido al fenómeno de ‘El Niño’, pueden tener muy graves efectos en la alimentación y en la supervivencia, especialmente de los niños y niñas en La Guajira”.
“La Administración del presidente Gustavo Petro respeta la sentencia de la Corte y nos adecuaremos a esa decisión”, subrayó el ministro.
“Nos dan un año para usar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de emergencia y al cabo de un año debemos tener listas las leyes que mantengan una acción continuada sobre La Guajira”, concretó Velasco.
