La Corte Constitucional empieza a discutir su decisión con respecto al decreto que declaró la emergencia económica, social y ambiental en el departamento de La Guajira por la necesidad de mitigar una calamidad pública en la región.
Ha trascendido que la magistrada Natalia Ángel presentará una ponencia respaldando el decreto de emergencia basada en la gravedad de la situación en La Guajira, que enfrenta una crisis humanitaria debido a la falta de acceso a servicios públicos esenciales.
En todo caso la Corte debe ser coherente con la sentencia T302 en la que decidió declarar el estado de cosas inconstitucionales, porque hay miles de personas en riesgo de desnutrición y problemas graves de acceso al agua, saneamiento básico y servicios de salud.
Sin embargo, al parecer, algunos magistrados sostienen que la mejor opción sería declarar inconstitucional el decreto de emergencia y establecer un límite de tiempo para su aplicación, teniendo en cuenta que los estados de emergencia deben ser excepcionales y la situación en La Guajira podría haber sido abordada a través de medidas legislativas en el Congreso.
En este debate, se cuestiona si la situación en La Guajira es realmente extraordinaria o si es el resultado de un problema histórico de abandono estatal en la región, sobre todo porque los estados de emergencia no deben utilizarse para resolver problemas estructurales y que se requiere una política pública a largo plazo para abordar estas cuestiones.
La decisión que tomará la Corte en los próximos días será de gran relevancia no solo para el presidente Petro y su gobierno, sino también para la preservación de los principios democráticos y la separación de poderes en Colombia. Es fundamental encontrar un equilibrio entre abordar la crisis en La Guajira y evitar la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.
En mi condición de guajiro deseo agregar un elemento crucial al debate en torno al decreto de emergencia en La Guajira que, además de la gravedad de la situación humanitaria en el departamento, es fundamental reconocer que esta crisis también tiene raíces profundas en la corrupción que ha permeado a la clase política, los gobernantes de turno, los órganos de control, los jueces y fiscales en la región. Los gobiernos de los últimos 20 años se han robado todo sin descaro y los problemas de la gente siguen sin resolverlos. Los elegidos no han llegado a los gobiernos a gobernar sino a robar. Pero no ha pasado nada.
Este es un aspecto que la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República también ha denunciado, y no podemos pasarlo por alto.
En La Guajira, lamentablemente, parece que lo único que no han logrado robarse es el aire y la luz del sol. La corrupción ha minado la capacidad de respuesta del gobierno y ha empeorado aún más la situación de la población. Los recursos destinados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se han desviado hacia bolsillos corruptos, dejando a la comunidad desprotegida y vulnerable.
Es por eso que, en el contexto de las próximas elecciones de octubre, es imperativo elegir a personas que no tengan vocación de enriquecimiento ilícito, sino una verdadera vocación de servicio público. Debemos optar por líderes comprometidos en resolver los problemas de la gente y en combatir la corrupción arraigada en la región.
La corrupción no solo ha debilitado la capacidad del gobierno para abordar la crisis en La Guajira, sino que también ha erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En este sentido, la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia no solo debe considerar la urgencia de la situación en La Guajira, sino también la necesidad de abordar las causas subyacentes de esta crisis. Es fundamental que se tomen medidas para combatir la corrupción en la región y para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la comunidad.
En las próximas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir líderes íntegros y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Es hora de poner fin a la impunidad y de trabajar juntos para reconstruir La Guajira y asegurar un futuro más justo y próspero para sus habitantes. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
