La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar las medidas necesarias para que las empresas contratistas de esa entidad en La Guajira cumplan con el pago de salarios que les adeudan a quienes se desempeñan como escoltas o guardaespaldas en el Departamento.
El requerimiento fue hecho por la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, tras las jornadas de protesta adelantadas recientemente en Riohacha por cerca de 180 trabajadores que realizan esa labor y no han recibido el pago de distintos factores salariales en los últimos meses.
En la comunicación, el Ministerio Público indicó que se hace necesario “procurar el pago de los emolumentos que se adeudan, atendiendo el vínculo contractual y la entrega de recursos públicos que esa Unidad eventualmente debió realizar para la celebración del respectivo negocio contractual”.
El órgano de control puntualizó que se deben garantizar los derechos de “los ciudadanos que han debido acudir al ejercicio de la protesta en procura de que se respeten sus prerrogativas a una vida digna”.
