Con bastante espectacularidad, conferencias de prensa y fanfarrias, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció junto con el presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín -EPM-, el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, que dicha empresa hará entrega de una participación societaria a las comunidades wayuú involucradas en la zona de operación del parque de energía eólica Jepirrachi, construido hace 20 años en las inmediaciones del Cabo de la Vela, en La Guajira. De lo bueno no dan tanto. Este exceso de creatividad generosa tiene un veneno. Veamos de qué se trata.
Para los inicios del siglo, y con un gran sentido de anticipación al tránsito hacia energías renovables que presionaría el mundo, EPM decidió acometer un proyecto piloto para el montaje y operación de un parque de energía eólica en el norte de Colombia. En efecto, La Guajira tiene unas condiciones inmejorables de vientos, los alisios, que cruzan la península a casi toda hora y durante casi todo el año. En consecuencia, la producción de energía llega a un 46% de la capacidad instalada, con una enorme diferencia con la europea, que apenas llega al 30%.
El parque piloto completa entonces 20 años de operación el año entrante y en consecuencia termina el ciclo de vida útil de sus equipos aerogeneradores, lo que implica un cambio drástico, como si fuera a empezarse de nuevo. Repotenciar unos aparatos de tecnología desueta -consideremos que ésta se actualiza permanentemente, con innovaciones radicales cada 5 años al menos- no es lo más aconsejable, lo que implica renovar totalmente las instalaciones.
Bueno, pues eso es lo que quieren entregarle en copropiedad a las comunidades dueñas de ese territorio, las de Kasiwolin y Arutkajui. Unos trastos oxidados, imposibles de reciclar y con un lastre tecnológico que los hace contaminantes, muy lejos de su pretendido inicial de provocar generación en ambiente limpio.
Ya depreciado, el parque no tiene valor patrimonial en EPM. Lo que debe preocuparles es el capital requerido para adecuarlo a las exigencias normativas actuales en materia de preservación del ambiente. Por eso, se vuelven “generosos” con mis paisanos, con cantos de sirena sobre el “capital popular participativo” en unos procesos de energía por principio intensivos en capital dado su alto componente tecnológico.
Es un engaño para los guajiros, especialmente para los wayuú. Más que un engaño, una estafa. Es escamotear la esperanza de beneficiarse de unas necesidades energéticas del país y que deben montarse de consumo con las comunidades, para tener en cuenta sus necesidades de hoy, no de cuando esas empresas comiencen a generar utilidades.
Pero no todos les creemos sus sofismas y palabrería. Estamos a tiempo para impedir que le birlen otros años de espera a nuestra etnia.
