La sesión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la cual se debía dar trámite al primer debate de la reforma laboral, se levantó debido a la falta de quórum. Con el fin de la legislatura este martes 20 de junio, el proyecto de ley se hundió.
El presidente Gustavo Petro expresó su lamentó por la falta de avance legislativo necesario para la reforma laboral, y manifestó su preocupación sobre la voluntad de paz y pacto social en el poder económico. Según sus declaraciones en Twitter, considera que los dueños del capital han cooptado el Congreso en detrimento de la dignidad de los trabajadores. Afirmó que el Gobierno del cambio no abandonará los intereses de la clase trabajadora.
“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, expresó el jefe de Estado.
Agregó que “creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.
A pesar de esto, algunos congresistas del Pacto Histórico señalaron que el Gobierno está evaluando la viabilidad constitucional y legal de incorporar la reforma laboral durante las sesiones extras. En caso de no ser posible, están dispuestos a presentarla nuevamente el 20 de julio, cuando comience el siguiente periodo legislativo.
Es importante destacar que la reforma laboral forma parte de las tres reformas sociales que el gobierno de Gustavo Petro ha estado defendiendo, junto con la reforma pensional y la de salud, las cuales seguirán su trámite en el Congreso.
En relación con estas reformas, miles de personas se movilizaron en diferentes ciudades del país. La reforma laboral en particular ha recibido fuertes críticas por parte de los gremios, los centros de pensamiento e incluso el Banco de la República, que ha advertido sobre una posible pérdida de 450,000 empleos formales. La crítica principal se centra en que la reforma no promueve el empleo formal y, en cambio, encarece significativamente el empleo existente.
