La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, denunció el trágico asesinato de cuatro menores de edad que, aparentemente, estaban secuestrados por un grupo armado ilegal que opera en la zona fronteriza entre Caquetá y Amazonas.
Las comunidades indígenas en Putumayo, Caquetá y Amazonas han sufrido constantes violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario debido al conflicto armado. Estas violaciones han afectado especialmente a la población indígena, incluyendo a niños, niñas y adolescentes.
Según la denuncia presentada por la Opiac, el 26 de marzo de 2023, miembros del frente Carolina Ramírez secuestraron a un joven menor de edad de la comunidad indígena Murui, identificado como Luis Alberto Matías Capera, quien pertenece a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo.
“El joven Luis Alberto Matías el día 15 de mayo del 2023 decidió escapar de este grupo armado que lo había reclutado forzosamente. Este escape lo realizó junto a otros 3 jóvenes más que se encontraban en su misma situación y que también hacen parte del pueblo Murui, sin embargo, no se cuenta con la suficiente información de su identificación”, se señala el comunicado.
Tras la fuga, el grupo armado inició la búsqueda y posteriormente los encontró en la comunidad de «El Estrecho», en los límites entre Caquetá y Amazonas, donde les quitaron la vida con armas de fuego, según la información proporcionada por la Opiac.
Ante esta situación, la Organización ha solicitado la colaboración de los ministerios de Defensa, Interior, la Fiscalía, el Icbf, la UNP, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades pertinentes, quienes instan a que, en el ejercicio de sus funciones, realicen las gestiones necesarias ante el Estado colombiano para abordar esta situación con un enfoque étnico diferencial, con el objetivo de prevenir y prevenir violaciones de los derechos humanos, como el posible confinamiento y desplazamiento forzado de estas comunidades.
Además, exigen a los grupos armados al margen de la ley que respeten el derecho a la vida y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas, quienes no podrían ser víctimas de reclutamiento ni de ataques en su contra.
El Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, ha condenado el asesinato de los cuatro menores indígenas el 20 de mayo en la zona fronteriza entre Caquetá y Amazonas.
Rueda afirmó que «El exterminio de los pueblos indígenas por las violencias armadas y la injusticia estructural debe parar» y expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas, en particular con Luis Alberto Matías Capera y los otros tres jóvenes del pueblo Murui.
Además, atribuyó la masacre a las disidencias del grupo conocido como Estado Mayor Central de las Farc (EMC-Farc), lideradas por alias Iván Mordisco, y condenó esta «conducta criminal del Frente Carolina Ramírez del EMC-Farc que desconoce el DIH [derecho internacional humanitario] y constituye un atentado a la paz».
Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo extraordinario de seguridad “para anunciar medidas frente a estos hechos».
«El asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario», declaró Petro.
