La Procuraduría General de la Nación pudo establecer por medio de pruebas y testimonios recaudados en indagación previa, que en la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, (vereda El Alto Remanso) el pasado 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas, podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares.
Por esta razón, la actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares con rango de Generales de la República.
Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3, el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas.
Posteriormente, y luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación.
De igual manera, a lo largo del año 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido.
Adicionalmente, se ha logrado una articulación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, a través de la que se han realizado múltiples inspecciones a los procesos penal y disciplinario en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.
De ahora en adelante será esta sala disciplinaria la que ordenará el recaudo de nuevas evidencias y definirá futuras acciones dentro del proceso, garantizando los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados.
