Un Juzgado de Riohacha prorrogó por un año la orden de captura contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, emitida el 5 de julio de 2019.
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Se trata de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de adoquines del municipio de Albania, que habría ocasionado pérdidas al erario por más de $5.900 millones.
De acuerdo a la investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción, la exmandataria habría creado la fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquines que superaba los 12 mil millones de pesos.
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En este proceso se habría aprobado el giro de los recursos de proyectos de inversión financiados con regalías, los cuales generaron una apropiación ilegal de más de 5.900 millones de pesos.
Es de mencionar que la labor de la hoy condenada fue la firma de actas de ejecución a través de las cuales se avalaron pagos por obras que no se ejecutaron y el dinero terminó en los bolsillos de la red criminal que desangró las finanzas del Departamento.