Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que no estuviéramos preparados para afrontar y enfrentar esta contingencia, como no lo estuvo ningún país, pero sería imperdonable que una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y su pesadumbre.
Lo ha dicho claramente la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, “gasten todo lo que puedan, pero guarden las facturas, pues más adelante hay que pagarlas”. El ministro Carrasquilla anunció la reforma tributaria que será necesaria para pagar la factura, lo dijo muy claro: “esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia…Será necesaria una reforma tributaria”.
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Así el presidente Iván Duque lo desautorizara, por considerar su declaración políticamente incorrecta en este momento, diciendo que “pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”. Bien dijo Benjamín Franklin, que lo único seguro es la muerte y los impuestos y ante la encrucijada que se abre con la postpandemia, la única forma de servir la creciente deuda pública será mediante el aumento del recaudo. Ello se predica tanto para los tributos nacionales como para los territoriales.
Ahora bien, de lo que se trata es de establecer cómo se repartirán las cargas impositivas entre los contribuyentes. Al país se le ha venido tomando del pelo hace muchos años, cada vez que se presenta al Congreso de la República por parte de los gobiernos de turno su proyecto de reforma tributaria se dice que esta será “estructural”, sin embargo todas terminan siendo más de los mismo, crear nuevos impuestos y/o aumentar las tarifas de los que están vigentes para aumentar el recaudo y así tapar el hueco fiscal, sin lograrlo. Y no se ha podido corregir el déficit fiscal, ni siquiera se pudo o se quiso aprovechar para lograrlo el largo ciclo de precios altos y el gran auge de los commodities (petróleo, carbón, oro y ferroníquel, entre otros), por la erosión de la base impositiva, la cual se debe al cúmulo de gabelas impositivas (descuentos, deducciones, exclusiones y exenciones) a favor, como diría Jacinto Benavente, de los intereses creados.
Por lo tanto, la reforma estructural pendiente es aquella que permita que el sistema tributario cumpla con lo que manda la Constitución: que sea equitativo, eficiente y progresivo y ello sólo se puede lograr empezando por el desmonte de todos los beneficios tributarios injustificados. Y, de esta manera tendremos un Estatuto tributario más justo, equilibrando las cargas, que contribuya a ir cerrando la enorme brecha de desigualdad que agobia a la gran mayoría de los colombianos y se puede obtener un mayor recaudo en la medida en que los que más tengan contribuyan más. A ello contribuiría también el combate sin tregua, sin esguinces y sin contemplaciones a la evasión y a la elusión tributaria, la cual, según el marco fiscal de mediano plazo –Mfmp– se estima en niveles cercanos al 30% del recaudo total, una verdadera tronera. Esta es de tal magnitud que el costo fiscal de la evasión en la última década, que alcanzaría la suma de los $365.000 millones, equivalente a 24 veces de lo que costará la primera línea del Metro de Bogotá.
En lo que hace relación a los tributos territoriales, el país está en mora de revisar, ajustar y actualizar el Estatuto tributario territorial. Como lo dijo el exconstituyente Carlos Rodado Noriega, “en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el Gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha prevalecido desde la colonia”.
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Es de destacar que en el transcurso de los últimos 29 años (1990-2019) se han aprobado 17 reformas tributarias, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y en ninguna de ellas se previó un mayor recaudo en favor de las entidades territoriales. Ello explica la enorme e irritante concentración del recaudo de impuestos en Colombia, de tal suerte que mientras de cada $100 que se recaudan la Nación se queda con $83.50, los 1.103 municipios participan con $11.90 y los 32 departamentos con sólo $4.6.
No hay derecho para tanta concentración de los recursos en un país en donde la Constitución política consagra los principios de la descentralización y la autonomía territorial. Enhorabuena, la Ley 1943 de 2018 le ordenó al Gobierno nacional integrar una Comisión de expertos para presentarle al Congreso de la República una propuesta de reforma del Estatuto Tributario Territorial. Esta será la oportunidad para balancear las cargas entre Nación y territorios. Esta iniciativa es tanto más urgente como pertinente, ahora que la afectación a las finanzas de las entidades territoriales se les ha infligido tan duro golpe, sin que se vislumbre una mejora en el recaudo en el corto ni el mediano plazo.
