La titánica gestión, en condiciones de mucha incertidumbre y de restricciones, ante la inesperada y exigente emergencia sanitaria generada por Covid-19, que han realizado nuestros gobernantes y sus equipos, ha estado matizada, especialmente a nivel nacional, por expresiones que reflejan diferencias de pensamientos políticos, algunas de carácter ideológico y otras más relacionadas con el talante de los líderes de turno, sobre la forma más conveniente de gestionar las prioridades y enfocar los esfuerzos que se deben realizar para mitigar los impactos de esta emergencia.
Los asesores, simpatizantes y miembros de los respectivos séquitos, y no pocos líderes de opinión, alcanzaron a llevar la situación hasta el punto de plantear el dilema entre salud y economía. Propiciaron la confrontación y un debate absurdo e inútil que en nada contribuyen a la búsqueda del bienestar colectivo de los colombianos, cuando en el fondo lo que se necesita y todos queremos como primera prioridad es proteger el derecho fundamental a la vida y a la salud de los colombianos en forma sostenible, y sin poner en riesgo inmanejable el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna y el derecho a tener oportunidades de progreso, entre otros. Especialmente en un país donde los recursos no son abundantes y existen potenciales impactos fiscales y macroeconómicos desfavorables para todos si no se maneja apropiadamente la situación.
Afortunadamente la sensatez y la sindéresis se están imponiendo. La mayoría ha entendido que, dando prioridad a la atención y a los controles, sanitarios y sociales, para evitar el crecimiento del contagio y por ende el número de fallecidos, también se pueden preservar las condiciones macroeconómicas del país para seguir contando con un sistema de salud y unas condiciones laborales, de seguridad y productividad, que, aunque necesitan mejorarse, no deterioren aún más los niveles de pobreza y la desigualdad.
Hemos observado como el Gobierno nacional, con la participación de los gobernantes regionales, ha implementado medidas orientadas a apoyar la población más vulnerable y simultáneamente ha implementado estrategias para proteger y mantener funcionando los modelos macroeconómico y financiero del país, como elementos indispensables para propiciar la reactivación del sistema productivo, el nivel de empleo y las oportunidades de ingreso de los colombianos.
Son frecuentes los reportes que nos indican la brutal destrucción de riqueza y de empleo que la pandemia que vivimos ha ocasionado en el mundo. Colombia no ha estado exenta de estos terribles efectos y ha experimentado un incremento notable en el índice de desempleo y en la informalidad laboral. Todo esto por supuesto incrementa los nuestros indicadores de pobreza y la miseria. Ignorar esta triste realidad es un acto políticamente irresponsable. El bienestar general de los colombianos debe estar por encima de mezquinos intereses politiqueros que con frecuencia se arropa con populismo.
Pero ya se observan luces al otro lado del túnel. Es evidente que se la bravura inicial del Covid-19 se ha controlado razonablemente, aunque ni el gobierno ni los ciudadanos debemos relajarnos y por el contrario debemos mantener la disciplina y el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y los protocolos establecidos para controlar el nivel de contagio y la asegurar la protección del derecho a la vida.
El país ya inició la reactivación de las actividades productivas en sectores clave de la economía. Ahora debemos continuar la desescalada de las medidas del aislamiento social preventivo en forma gradual y organizada. Hay países europeos que han sufrido con más severidad los efectos de esta pandemia, como España e Italia, que ya han iniciado este proceso de reactivación de sus respectivas economías y nos están marcando el camino a seguir. Es evidente que esto reduce nuestro nivel de incertidumbre.
Con la participación de todos, con nuestra disciplina social, serenidad y optimismo vamos a salir adelante de esta horrible y oscura época que nos tocó vivir.
