Los episodios de discriminación al personal médico, a causa de su titánica batalla en contra del coronavirus, aunque no son generalizados tienen mayor frecuencia de lo que se publica en medios de comunicación. Son inadmisibles las agresiones a médicos, enfermeras y en general quienes trabajan en los centros hospitalarios, acusándolos de ser foco de contagio.
Mientras en el planeta se registran mensajes de respaldo y aplauden la función de los empleados de instituciones sanitarias, es inconcebible que unos desadaptados en Colombia sean hostiles con estos héroes. Sucedió con una enfermera en el occidente de Bogotá, que al llegar a su apartamento encontró debajo de la puerta una nota conminándola a abandonar el conjunto residencial por “poner en riesgo a la comunidad”. Cuando se espera la solidaridad por los invaluables servicios prestados, en la lucha contra el virus, se presentan manifestaciones de anónimos que en una actitud cobarde dejan escritos con palabras de repudio.
En Montería una enfermera fue agredida físicamente cuando se desplazaba en una motocicleta. Estaba de regreso después de cumplir su jornada laboral y fue abordada por dos hombres que la insultaron y arrojaron de la moto. A estos hechos y el del médico amenazado de muerte en el norte de Bogotá, a quien las autoridades ya le ofrecieron un esquema de seguridad, se suman varios casos de intolerancia en todo el país.
Pero las ofensas no son las únicas hostilidades, también la falta de equipos de bioseguridad, que en principio deben ser proporcionados por las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. Pretender que el personal de la salud atienda a los pacientes de Covid-19 sin los elementos necesarios para su protección, es considerar que un soldado puede ir a la guerra sin mecanismos de defensa ni los pertrechos requeridos para el combate. Celebro el anuncio del Contralor General al advertir que los organismos de control estarán atentos al cumplimiento de las ARL en su obligación de entregar los dispositivos de protección a los empleados del sector salud, de manera integral, con los trajes de bioseguridad que permita un aislamiento de los factores de riesgo.
Igualmente las agresiones se reflejan en el incumplimiento de la nómina por parte de las Empresas Prestadoras de Salud o el retraso de las IPS en los desembolsos a los médicos. Incluso en ciertos hospitales los empleados no han recibido salarios desde hace cuatro meses. En Leticia, Amazonas, se anunció una renuncia masiva de trabajadores del hospital.
Antes de iniciar esta emergencia las deudas a los profesionales de la medicina ascendían a $7 mil millones, en su mayoría por mora en los pagos de las IPS, especialmente a vinculados por prestación de servicios. Esta cifra no tiene en cuenta otros empleados de los centros de salud como enfermeras, camilleros o servicios asistenciales. Es bueno tener en cuenta que los sueldos de los galenos no son los mejores del país. Un reciente estudio reveló que un 25% recibe entre uno y tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 50% entre tres y cinco, el 23% devenga de 5 a 9 y solo el 2% más de nueve SMLMV.
Más allá de las pretendidas intimidaciones, los mensajes de rechazo a los trabajadores de centros médicos son desalentadores, en momentos en que se requiere del ánimo de estos profesionales para enfrentar la etapa más dura de la expansión del coronavirus, pues aún no se ha logrado aplanar la curva de contagio.
