La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8.6 billones. Una de esas obras inconclusas es la Represa del Ranchería.
Desde que yo tengo uso de razón he oído hablar de la Represa del Ranchería, para aprovechar este importante afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de un proyecto de vital importancia para La Guajira y para los guajiros, en especial para los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, que ven en él la oportunidad de poner a producir sus feraces y sedientas tierras, de vocación arrocera, algodonera y palmicultora, especialmente. Este proyecto tiene una larga y accidentada historia, convirtiéndose en la promesa incumplida de los sucesivos gobiernos.
Estamos hablando de un proyecto multipropósito que busca irrigar 18.030 hectáreas, proveer de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento, amén de una micro central de generación de energía con capacidad de suministrar 22.6 GWh/año. Es de tal importancia este proyecto, que siempre ha sido identificado como la primera prioridad en los planes de desarrollo del Departamento en las últimas cuatro décadas, ya que se considera el principal motor para el desarrollo agrícola del sur de la península.
Me cupo en suerte, como senador de la República, rescatar este proyecto de los anaqueles oficiales para ponerlo en manos del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –Inat–, quien acogió mi propuesta de ponerle gerencia para asegurar su ejecución. Gracias a ello, el 19 de enero de 1996 el Inat presentó y socializó con la Asociación de usuarios del mismo el marco jurídico, la política y el estado del proyecto y el entonces presidente de la República Ernesto Samper, de quien había recabado su apoyo, en su visita a Riohacha el 6 de diciembre de 1997, cuando a la sazón me desempeñaba como presidente del Congreso de la República, reiteró su voluntad y decisión de sacar avante este proyecto.
Y así fue. El Ministerio de Agricultura sacó a licitación pública la estructuración, diseño y ejecución integral de este proyecto en el año 1998. Desafortunadamente el presidente Andrés Pastrana, quien sucedió al expresidente Samper, en un acto de revanchismo político, acolitado por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras –Consuat–, truncó el proceso y declaró desierta la licitación, expidiéndole el acta de defunción a este proyecto en su sesión del 11 de octubre de 1999. Ello, no obstante que el Inat conceptuó que “el proceso de selección se ajustó a los parámetros preestablecidos para la convocatoria” y pese a la advertencia del entonces contralor general Carlos Ossa Escobar en el sentido que dicha decisión podría entrañar un enorme detrimento patrimonial de la Nación. Se nos quemó el pan en la boca del horno.
Por fortuna, en el primer cuatrienio de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez se resucitó el proyecto, incorporándolo a su Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 y expidiendo el Documento Conpes 3362 de julio 14 de 2005, mediante el cual se declaró de importancia estratégica para el país. Se procedió, entonces, a contratar su primera fase, la presa El Cercado, con una capacidad de embalse de 190 millones de metros cúbicos de agua, a un costo de $638.000 millones, de los cuales aportó el departamento de La guajira, con cargo a sus regalías directas, la suma de $64.000 millones.
La obra se concluyó en diciembre de 2010 y desde entonces, al no ejecutarse la segunda fase del proyecto (sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial), el mismo permanece, según dijo en su momento el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como un “elefante blanco a medias”, a medio palo.
Desde el Ministerio de Minas y Energía le dimos un último impulso a la ejecución de la segunda fase del proyecto de la Represa del Ranchería. En efecto, le solicitamos al expresidente Juan Manuel Santos su intervención para reactivar este proyecto y darle continuidad a su ejecución y de acuerdo con sus instrucciones se integró una Mesa de trabajo de la cual hicieron parte el Ministerio de Agricultura, quien la lideró, el DNP, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La Guajira y Fonade. Esta última entidad procedió a contratar una “consultoría para el diseño y estructuración de un modelo de Alianza público – privada” para acometer la ejecución de la segunda fase de este proyecto, “considerando los diferentes servicios involucrados, para garantizar la sostenibilidad del sistema integral”. Pero, una vez más, el inmovilismo se apoderó del proyecto cuya presa sigue allí como un monumento a la desidia, a la incuria y la negligencia oficial.
Ello le mereció al Gobierno nacional una dura reprimenda de parte del contralor general Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios.
Más recientemente, en la administración Duque y bajo el liderazgo del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se ha dispuesto servirse del agua embalsada en la presa El Cercado para abastecer de agua potable a tres municipios (Fonseca, Barrancas y Hatonuevo) de los nueve previstos, para lo cual viene operando la planta de tratamiento de Metesusto, la cual, gracias a su repotenciación pasó de una capacidad de potabilización de 320 a 550 litros por segundo, para lo cual se invirtieron $21.518.828.141.
Por lo pronto, los distritos de riego del Ranchería y de San Juan del Cesar, así como la planta de generación de energía seguirán en la lista de espera. La pregunta es hasta cuándo.
