“Para la designación de personeros, se debe tener en cuenta los criterios de valoración de la experiencia y la preparación académica, con relación directa y estrecha a las actividades y funciones a desplegar”.
En próximos días se llevará a cabo la designación del personero de Riohacha para el período 2020 – 2023. Lo cual significa que debe convertirse en una designación tranquila y sin ningún contratiempo, a diferencia de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años.
Sin embargo, la nominación a personería se ha vuelto un dolor de cabeza para los concejos, no se sabe si por ausencia en la estructuración formal del proceso o por circunstancias ajenas a sus voluntades. Pero lo que si se debe tener en cuenta son las funciones que dicho funcionario debe ejercer en el período que es escogido.
El personero termina siendo el empleado público de mayor relevancia en un ente territorial después del alcalde y por mandato constitucional y legal, ejerce las funciones de ministerio público, defiende los derechos humanos y de los consumidores, protege los derechos colectivos y del medio ambiente y a su vez, ejerce veeduría ciudadana, al tesoro público y al comportamiento de los servidores públicos de su jurisdicción.
Ahora, la sentencia C-105 de 2013 de la Corte Constitucional que dio pie a la expedición del Decreto 1083 de 2015, determinaron que los concursos para elegir personeros lo debe realizar una universidad o institución educativa superior pública o privada especializada en selección de personal. A raíz de ello, y por las diferentes suspicacias que se generaron a nivel nacional con dichas entidades, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a dicho proceso en todo el país, por la poca idoneidad y falta de experiencia que algunas universidades o instituciones de educación superior demostraban al momento de realizar los convenios con las mesas directivas de los concejos municipales o distritales.
Así, la misma jurisprudencia ha determinado que dentro del concurso de méritos para la designación de personeros, se debe tener en cuenta los criterios de valoración de la experiencia y la preparación académica, con relación directa y estrecha a las actividades y funciones a desplegar por parte del funcionario de marras. Para ello, estos dos criterios resultan relevantes y de mayor peso dentro del concurso, de modo que las otras etapas del concurso constituyan factores accesorios y secundarios de la selección.
Por ello, resulta inadecuado que estos procesos no se hagan a la luz de la ciudadanía y se le pretenda colocar un manto de “privacidad” como quiera que quien resulte designado, debe contener altos criterios de formación y experiencia al ser quien defienda los intereses comunitarios. Así lo reafirmó el Consejo de Estado con ponencia del profesor Dr. William Hernández mediante providencia 2015-01089 del pasado 9 de diciembre de 2019, al estudiar un proceso concursal en estos casos y precisa las diferencias entre concurso de méritos y convocatoria pública, siendo el primero designado por orden de elegibilidad y en el segundo queda a discrecionalidad del nominador al no existir condición electoral.
Las experiencias son para tenerlas en cuenta y cada cuatrenio en nuestro distrito termina generándose inconvenientes para los concejales que al final, son quienes tienen la obligación legal de designar y a su vez, la responsabilidad ante cualquier anomalía que se presente al interior del proceso, metiéndose en camisa de 11 varas.
