La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia recibió un informe de familiares de personas desaparecidas forzadamente en el conflicto durante los años 80 en el que solicitan medidas cautelares a archivos militares.
A través de la Fundación Hasta Encontrarlos, el informe «¡Presente!: Solicitud de Medidas Cautelares a Archivos Militares relacionados con casos de desapariciones forzadas en la década de los años 80» fue recibido este por la magistrada Catalina Díaz.
Con el texto se busca «acceder y salvaguardar información con fines de esclarecimiento de la suerte y paradero y la determinación de responsabilidades«. Los casos involucran diferentes estructuras militares, aproximadamente doce, en varios territorios de Colombia entre los años 1979 y 1988.
«Los militares los desaparecieron, los archivos militares deben decir dónde están«, denunciaron los familiares en el documento.
En el informe participan familiares de 22 personas desaparecidas, entre ellas varias extranjeras, campesinos y desaparecidos en el Palacio de Justicia, explicaron durante el acto de entrega simbólico celebrado este jueves.
Violeta Martínez, hija de Carmen Cristina Garzón Reyes, indicó que buscan «lograr lo que no se ha logrado en otras instancias de justicias, un verdadero esclarecimiento y resultados por medio de la JEP. Necesitamos que den el primer paso de acceso a la información de archivos militares para encontrar respuestas«.
En concreto, el informe establece una presunta responsabilidad «por acción u omisión en estructuras militares« en los gobiernos de Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur Cuartas y Virgilio Barco Vargas, la época de implementación del estatuto de seguridad nacional, explicó el representante de la fundación, Pablo Cala.
Además, en el documento se relatan tanto patrones de actuación como mecanismos de responsabilidad estatal, así como un perfil de las víctimas y mecanismos de impunidad en la desaparición forzada a través de los testimonios de los familiares de las víctimas.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en Colombia son reconocidas 50.048 víctimas directas de desaparición forzada, mientras que entre sus familiares 131.836 son reconocidos como víctimas indirectas sujetas de reparación.
