El parque eólico Jepirachi, iniciativa piloto de las Empresas Públicas de Medellín en territorio de La Guajira, construido entre el año 2002 y el 2003, se constituyó en un reto desaprovechado para la institucionalidad territorial en materia de tecnologías sobre energías no convencionales, consultas con comunidades étnicas, acuerdos sobre beneficios territoriales, transferencia tecnológica y de conocimiento, participación de sectores académicos y sociales, entre otros aspectos.
El piloto de EPM supuso un aprendizaje para el país que fue aprovechado con creces por la empresa pública antioqueña, mientras La Guajira permanecía perpleja observando cómo los paisas con su empuje introducían por Puerto Bolívar las partes traídas de Europa, preparaban a su talento humano regional para conocer por dentro el funcionamiento de los gigantes aerogeneradores, convenían con sus dirigentes la legislación indicada y acomodada a sus intereses; al tiempo que avanzaban en la apuesta de su negocio para venderle al mismo Cerrejón la energía producida por Jepirachi.
Las comunidades negociaron al garete y desde su propia visión localista los beneficios por uso del territorio y el principal ejemplo de ello fue el resultado de lo obtenido por las rancherías más próximas, a las que se denomina integrantes del área de influencia directa. Pidieron soluciones de agua como jagüeyes y plantas desalinizadoras; mejora de viviendas, embarcaderos, utensilios de pesca, trabajos menores en la etapa de construcción, contratación de vehículos, vigilancia, etc. No contemplaron en ningún momento la energía como una necesidad. Inaugurado el parque sobrevino una avalancha de turistas, un impacto poco considerado que demandaba refrescos por ejemplo, y en ese momento las mismas comunidades cayeron en cuenta de la importancia de tener energía en sus casas y negocios para sostener la demanda de visitantes durante todo el año.
Una década le costó al país expedir un marco normativo para la promoción y desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables en cuyo cuerpo se precisa el carácter de utilidad pública e interés social que conduciría incluso a la expropiación forzosa de territorios donde se contemplen este tipo de iniciativas. Además de no considerar la generación de beneficios para las regiones productoras ni precisar los mecanismos de consulta con las comunidades dueñas ancestrales de los territorios.
EPM blindó su proceso. Contrató la experticia antropológica y social conocedora de la cultura, agotó su lobby con los indiferentes gobiernos locales y territoriales acostumbrados al “yo como voy”, tuvo su intento fallido de inmiscuir al principal centro académico de la región y se hizo acompañar de la Corporación Autónoma Regional para el visto bueno ambiental de lo ejecutado. Es por ello que casi dos décadas después de Jepirachi, no hay lecciones aprendidas para la presente administración que tendrá que incorporar a sus equipos de planeación y de desarrollo económico, expertos que en el nuevo plan de desarrollo, aporten un documento-propuesta con visión propia para enfrentar los retos de las energías no convencionales y su impacto en la región. La Guajira, territorio en el que un alto porcentaje de sus comunidades permanece a oscuras, tiene un potencial de 15 mil megavatios de energía eólica y solar, lo que la posiciona potencialmente como la principal generadora de energía para el consumo de toda la nación.
En reciente publicación la revista Semana informó que más de 60 parques eólicos se pretenden instalar en territorio de La Guajira. Vale la pena preguntar ¿cómo va a encarar el Departamento este reto energético después del aprendizaje que supone Jepirachi? Como de costumbre, otra tarea presentada tarde.
