El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.
Esa es mi percepción del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías y participación ciudadana, “antes, durante y después”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni expedir patentes de corso, pero el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.
La aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. Tiene un impacto ambiental que debe ser mitigado, pero es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico o la destrucción de los ríos por la minería ilegal.
“De dos males el menor”, es un asunto de sentido común y un dilema ético que enfrenta la medicina, y que debe asumir el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.
La lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha, olibertario y socialista-bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales, y los de sustitución voluntaria y erradicación manual “ambientalistas”. En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta que el bueno de Santos, por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.
Lo mismo pasó con la paz, que, al final, nunca llegó. Las preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro-santismo, se atraviesan al Fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.
¿Quién asesinó a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales?: Las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué?: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.
No obstante, la izquierda y el centro-santismo culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.
