La Procuraduría General de la Nación intervino en la audiencia de notificación con pertinencia étnica desarrollada en San Juan del Cesar, dentro del Macrocaso “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por Agentes del Estado”.
La intervención del Ministerio Público se llevó a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, para socializar con 20 familiares de víctimas del pueblo wiwa los aspectos más relevantes de la decisión de este tribunal que determinó 127 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas en Cesar y La Guajira, presuntamente atribuibles a integrantes del Batallón N°. 2 de Artillería La Popa, entre los años 2002 y 2005.
La Procuraduría participó en este escenario colectivo con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y en aras de que todos los procedimientos que adelanta la JEP contribuyan de manera efectiva a la materialización de aquellos que se vieron vulnerados durante el conflicto armado.
Según lo ordenado por la Sala de Reconocimiento, los familiares de las víctimas tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar observaciones al Auto 128 de 2021.
