La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, llevar a cabo de manera urgente 145 actuaciones procesales dentro del macrocaso 07 que están pendientes hace varios meses, todas ellas relacionadas con reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
Entre las diligencias atrasadas está la entrevista de Victoria Sandino, exintegrante del Secretariado de las Farc, cuya declaración fue convocada inicialmente para el 5 de mayo de 2022, y que no ha finalizado. También está el testimonio de Elí Mendoza (alias Martín Sombra), que se ordenó desde el 10 de marzo del año pasado, diligencia que se ha aplazado en tres oportunidades sin que se logre realizar.
Se suman a estas actuaciones pendientes, siete versiones voluntarias colectivas con diferentes bloques de este grupo armado, así como 33 entrevistas individuales con excomandantes.
El Ministerio Público indicó que, a pesar de que se han practicado 37 entrevistas escritas a excomandantes de los bloques oriental y sur, ninguna se ha compartido con la Procuraduría ni con las víctimas acreditadas del macrocaso.
Al respecto el Procurador Delegado ante la JEP, Christian Leonardo Wolffhügel Gutiérrez, señaló que los espacios de diálogo al interior del macrocaso disminuyeron sustancialmente, pues el último de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2022, con lo cual se está incumpliendo con lo establecido en la normatividad prevista para esta justicia transicional.
Según el representante del Ministerio Público, “Esta situación desdice del principio de estricta temporalidad, en razón a que, al día de hoy no es claro qué actividades procesales adelantará la Sala, lo cual impide materializar la participación potencializada que se espera de las víctimas y de sus representantes”.
En su escrito, la Procuraduría solicitó retomar los espacios de diálogo que se adelantaron en 2022 con el propósito de informar a las partes intervinientes acerca de los asuntos metodológicos más importantes del macrocaso, específicamente las actividades judiciales que tiene previsto realizar a lo largo de 2023 y 2024, y las modificaciones que deban implementarse a la metodología diseñada por la Sala de Justicia para el macrocaso 07.
