La Procuraduría Regional Guajira declaró la terminación de la actuación disciplinaria adelantada en contra del exalcalde de Maicao, José Carlos Molina y Katherine Iguarán Bolívar, directora del Departamento Administrativo de Planeación.
De acuerdo con la Procuraduría, una vez concluida la investigación, se tiene claro que no existen argumentos para seguir con el proceso disciplinario.
“Dado que del análisis integral de las pruebas legalmente allegadas y valoradas bajo las reglas de la sana crítica, no se evidencia configuración de conductas susceptibles de reproche disciplinario, entendidas como aquellas que sin justificación alguna quebranten sustancialmente los deberes de la función pública, contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia”, se indica en el documento.
En ese sentido, debido a la ausencia de elementos que permita predicar conductas, constitutiva de falta disciplinaria, se procederá en consecuencia a disponer el archivo de la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 1952 de 2019.
A los exfuncionarios se les investigó por una queja interpuesta por Leonardo Gámez, con fecha 22 de julio de 2018, en la cual denuncia presuntas irregularidades en el contrato 242 de 2018, que tenía por objeto la recuperación urbana, la reposición del pavimento rígido y la instalación del mobiliario urbano de las calles 14 y 15 entre carrera 12a a la 10 del municipio, obra que se encuentra inconclusa y abandonada hace más de seis meses, por ellos solicitan de los entes de control que revisen las obras y los contratos.
El apoderado de los disciplinables, Rafael Narváez Álvarez, precisó que se hizo justicia, porque se logró demostrar con todos los soportes, que no quebrantaron los deberes de la función pública.
Recordó que por esa investigación el ente de control, en su momento destituyó a sus apoderados, pero finalmente salieron airosos después de todo un proceso de defensa, destacando que la Procuraduría Primera delegada para la Contratación Estatal, fue quien declaró la nulidad de todo lo actuado lo que sirvió de fundamento para el archivo por parte de la Procuraduría Regional de La Guajira.