Futbolistas colombianos criticaron la situación que vivió el Deportivo Independiente Medellín (DIM), que decidió no viajar a Montería para su juego de liga el sábado contra Jaguares por la crisis de seguridad provocada por el paro armado del Clan del Golfo y, por consiguiente, perdió el encuentro.
Las imágenes de los futbolistas de Jaguares parados junto a los árbitros en un estadio prácticamente desocupado y en el que solo había militares y policías para garantizar la seguridad causaron estupor entre los jugadores y aficionados de los diferentes equipos, que criticaron la presión ejercida para que se disputara el encuentro.
Justamente el DIM, dirigido por el uruguayo Julio Comesaña, lamentó que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), organizadora del evento, rechazara las dos solicitudes hechas para que el encuentro fuese aplazado y argumentó que «ningún partido es más importante que la integridad de las personas».
«Desde la dirigencia de la institución se entabló comunicación directa con la Presidencia de la Dimayor el viernes al evaluar la situación en Montería para acordar las mejores decisiones para los involucrados en el partido, recibiendo una respuesta negativa por parte de la Dimayor, que no solo se negó a aplazar la fecha, sino que además Jaguares FC no aceptó el cambio de sede», expresó el club en un comunicado.
En esa línea, los organizadores del torneo se mantuvieron en la posición de que las autoridades locales y la Policía se comprometieron «a brindar las garantías para realizar el evento» e incluso le ofrecieron al club un vuelo chárter para llegar a Montería para el partido, para el cual debían hacer un desplazamiento terrestre por carreteras del departamento de Córdoba, detalló el DIM.
Sin embargo, el Poderoso señaló que ante las negativas de aplazamiento el club prefirió «brindar a sus empleados las condiciones óptimas que les permitan realizar su trabajo y salvaguardar la integridad de las personas».
En Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, los comercios estuvieron cerrados el viernes y los colegios y las universidades tuvieron que cancelar clases por la tensión.
El paro armado del Clan del Golfo, que comenzó el jueves pasado e irá hasta el martes, se realiza en represalia por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», el miércoles pasado.
Ese grupo ha restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército, en varios departamentos de Colombia, donde decenas de miles de personas viven días de zozobra.
